El reto de la igualdad de género está en la calle

De acuerdo con textos internacionales y de la Unión Europea, la Constitución, en su artículo 14, dispone que «los españoles son iguales ante la ley». El Tribunal Constitucional, en línea con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha dicho que es un derecho a ser tratado igual que otra persona en la misma situación, salvo que exista alguna justificación objetiva y razonable para la diferencia de trato, siempre que el trato reclamado se ajuste a la legalidad; ese precepto añade la prohibición, entre otras, de la discriminación por sexo. Se trata de un derecho que opera, más bien, en la posición de la ciudadanía ante los poderes públicos (leyes, administraciones públicas…) pero no alcanza a las relaciones entre particulares (en términos generales). Por ello, la legislación estatal y autonómica ha insertado ese derecho a la igualdad y a la no discriminación, especialmente entre el hombre y la mujer, con vinculación imperativa, en algunos aspectos de ámbitos determinados de la vida social (el laboral, la educación, la violencia de género…).

A pesar de esa inserción, aún quedan costumbres y prácticas sociales que no se atienen a la igualdad hombre-mujer. Por eso, el artículo 9-2 de la Constitución dice que corresponde a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas», y «remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud». Este artículo es muy importante porque alude a la «igualdad real y efectiva entre las personas», que afecta también a las relaciones entre particulares, aunque no como derecho, sino como un objetivo a conseguir con la actuación de los poderes públicos para su promoción. Dicha legislación estatal y autonómica contiene muchas de esas medidas.

Por ejemplo, la ley autonómica vasca de marzo de 2022 dice que «los poderes públicos vascos deben promover la eliminación de los roles sociales y estereotipos en función del sexo sobre los que se asienta la desigualdad entre mujeres y hombres y según los cuales se asigna a las mujeres la responsabilidad del ámbito de lo doméstico y a los hombres la del ámbito público, con una muy desigual valoración y reconocimiento económico y social». En mi opinión, la crítica a la primera ministra de Finlandia recuerda a esos roles y estereotipos en función del sexo que dicha ley pretende eliminar aquí. Evidentemente, esa ley no es aplicable en Finlandia, pero en Europa rigen los mismos valores, por lo que esa crítica parece inapropiada también en Finlandia.

Pero en ese espacio de déficit social de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el logro de esta solo depende de la actitud de las personas en sus relaciones con las demás. Los poderes públicos promueven las condiciones para que se dé tal igualdad, pero la actividad que la materialice es únicamente nuestra. Mas no se trata de una mera solidaridad con las mujeres, sino de la interiorización de la igualdad entre mujeres y hombres, para que los comportamientos igualitarios no necesiten de esfuerzos ni de razonamientos, sino que fluyan con naturalidad y espontaneidad en todos los órdenes de la vida como salidos de dentro. Para conseguirlo, es muy recomendable acudir a una regla de oro de la convivencia, que es la empatía: si yo hombre fuera mujer, ¿cómo me gustaría que me tratasen los hombres?; y siendo hombre, ¿cómo me gustaría que los hombres traten a mi hija, hermana…? Intuyendo la respuesta de la gente, no quieras para los demás lo que no quieres para ti.

Por ello, sostengo que, para alcanzar la igualdad plena (real y efectiva) entre mujeres y hombres en la vida social, el reto está en la calle, o sea, en la vida cotidiana en todas sus facetas (educación, familia, amistades…). No hace falta militar en organizaciones feministas (sin perjuicio de su utilidad). Pero es imprescindible tener esa conciencia individual de la igualdad plena mujer-hombre, como parte del ADN de cada persona.