Resistir no es opcional

Sin duda ha sido un año durísimo para cientos de miles de españoles, y en especial para los autónomos, colectivo al que además de la crisis sanitaria se le une una situación económica muy dura, a la que se tienen que enfrentar casi sin armas, y que ha llevado al cierre de miles de empresas. Un año con miles de muertes, de historias de sacrificio, de vidas rotas, pero también lleno de solidaridad y de historias de superación.

Esta crisis no venía con un manual de instrucciones. Y aunque es cierto que a lo largo de estos meses hemos impulsado y negociado acuerdos que dieran protección a los autónomos, como el cese de actividad -al que han accedido la mitad de los autónomos-, los ICO, los ERTE o los aplazamientos y moratorias…, está claro que, aunque han jugado un papel muy importante, son claramente insuficientes.

A día de hoy hay más autónomos afiliados de los que había el 1 de marzo de 2020. Pero también es cierto que hay 500.000 autónomos en cese de actividad que para poder cobrarla tienen que estar de alta. Si no hiciera falta mantenerse afiliado para recibirla, la caída sería brutal.

No podemos esperar ni un día más. Necesitamos un plan de resistencia. La cuarta ola de la pandemia ya la tenemos prácticamente encima. Hay dos formas de afrontarla en materia económica: esperando que pase como pasaron las tres anteriores sin tomar medidas de calado o poniendo en marcha un plan económico, un plan de resistencia.

Exigimos indemnizaciones para todos aquellos autónomos que hayan visto reducida su actividad de forma importante. Éramos empresas viables en marzo de 2020 y lo somos ahora. Quiero dejar claro que respetamos las medidas sanitarias, pero si no van acompañadas de soluciones económicas fracasaremos como sociedad dejando caer a quien levanta el país y crea empleo.

Para frenar la caída de facturación de empresas y autónomos en 2020 de más de 287.000 millones de euros no basta con 57.000 millones en ERTE, ceses de actividad y ayudas.

Se hace imprescindible dar certidumbre a los autónomos ampliando los plazos en los que devolver los ICO y prorrogar las prestaciones asociadas al cese de actividad en sus cuatro modalidades hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, se debería poner a cero el contador en cuanto al consumo de la prestación para todos aquellos autónomos que hayan agotado su periodo contributivo y hayan sido beneficiarios de la ordinaria compatible con la prestación desde el 1 de enero de 2021. A su vez, debemos prorrogar los ERTE, en todas sus modalidades, hasta el 31 de diciembre de 2021. Y si hiciera falta más, más. No se puede ser inflexible en estas lides.

Este plan de resistencia exige la transposición inmediata de la Directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Además, dicha transposición debería acompañarse de la inclusión de los créditos públicos en los acuerdos extrajudiciales y las quitas de los mismos. Debería adoptarse el mismo proceso de reestructuración de deuda privada que se acuerde y realice por las entidades financieras con la deuda pública por parte de las administraciones. Dicho proceso debe hacerse en las mismas condiciones, tanto de periodo como de cuantía, que en lo acordado en la reestructuración de deuda privada. Deben, además, ampliarse los plazos y moratorias en los preconcursos y concursos en proceso.

De vital importancia es, de una vez por todas, controlar la morosidad pública y privada. En el caso de la pública, es imprescindible dotar un fondo para que las administraciones puedan hacer frente a sus deudas con proveedores. En ambos casos debe adoptarse un régimen sancionador de la morosidad recurrente y que responde a mala praxis.

Y mientras llega el dinero en ayudas directas, lo inmediato es facilitar las moratorias y aplazamientos de cotizaciones e impuestos de forma automática, además de permitir las deducciones de gastos asociados al teletrabajo durante la pandemia. Si se alienta el teletrabajo, si se permite que cuenten los gastos del hogar de los trabajadores, deberíamos podernos medir por el mismo rasero. No somos ciudadanos de segunda. Y hemos sido esenciales, junto con nuestros trabajadores, en esta pandemia. Taxistas, limpiadores, comerciantes, transportistas, asesores, abogados, sanitarios… hemos puesto todo de nuestra parte para salir adelante. Justo es que se nos trate como a iguales.

La eliminación de trabas administrativas que impiden o dificultan el acceso a ayudas, subvenciones o licitaciones públicas por parte de los autónomos y pequeños empresarios es fundamental. Hemos vivido meses de desayunar con nuevas medidas y restricciones que al acostarnos por la noche no estaban en vigor. Pero los BOE a las once de la noche dejaron de ser una rara avis hace tiempo. Y se exigen requisitos inasumibles para autónomos, como planes de igualdad que no son obligatorios legalmente. A su vez se debería priorizar de cara a la distribución de los fondos europeos a aquellos proyectos cuyo fin y objetivo sea la capacitación y dotación de herramientas en digitalización, reestructuración y reorientación y sostenibilidad de pymes y autónomos de forma transversal en todo el territorio nacional.

No son propuestas menores. Son soluciones para vivir. Resistir no es opcional. Sólo salvando a autónomos y empresas salvaremos el verdadero empleo que hace país.