La renuncia a la pluralidad del pacto sobre perfiles lingüísticos

Y es que, a pesar de que el sistema de perfiles lingüísticos consiguió un amplio acuerdo en la ponencia parlamentaria de 1989, el balance de los años resulta preocupante. Las administraciones vascas, a diferencia del desleal comportamiento de la Administración General del Estado en Euskadi, en origen sí atendieron lo pactado consiguiendo un gran avance en la convivencia plurilingüe, con un sistema cuya clave de bóveda son los índices sociolingüísticos de obligado cumplimiento; es decir, el porcentaje obligatorio de puestos en los que es necesario acreditar perfil en cada institución para atender los derechos lingüísticos (50% en el caso del Gobierno vasco) en su ámbito territorial. Un instrumento fundamental, aunque resulte debatible su cálculo y su combinación distorsionadora con una alta puntuación como mérito.

Con los años, se ha ido dando un paulatino incumplimiento de estos índices sociolingüísticos por parte de ciertas administraciones, superándolos exageradamente. Pero tres hechos recientes han disparado todas nuestras alarmas: las OPE extraordinarias de estabilización, la proposición de ley de profesiones deportivas y el proyecto de nuevo decreto de perfiles lingüísticos.

En los procesos extraordinarios de estabilización del empleo público, cuyo objetivo es solventar la disparatada temporalidad en las administraciones, la mayoría de los sindicatos hemos pedido un tratamiento especial de los perfiles lingüísticos para dar oportunidades reales de estabilización al personal interino de larga duración. Aun así, después de meses de buenas palabras, en las primeras convocatorias aprobadas se dispara la exigencia de perfiles lingüísticos para obtener una plaza: el 97% en los puestos de bedel, el 88% en el personal auxiliar administrativo o el 89% en el administrativo tienen como requisito el euskera. Esto deja fuera de juego al aproximadamente 50% del personal interino que no acredita perfil. O el caso de los secretarios e interventores, exigiendo el PL4, el más alto existente, al 96% de los puestos. ¿La consecuencia? Desgraciadamente se parece mucho a una purga de personas cercanas a la jubilación y con décadas de experiencia.

También es indicativo lo que ha sucedido con la proposición de ley de acceso y ejercicio de profesiones deportivas. En esta tercera legislatura en la que se tramita la iniciativa, ha aparecido una nueva y excluyente exigencia: acreditar como mínimo un perfil B2 para poder ejercer como profesional deportivo en todo el sector público vasco, incluidas las contratas, independientemente de la comarca que se trate.

Es decir, acaba con el principio fundamental de adecuar los perfiles a cada realidad sociolingüística. Después de meses de conversaciones parlamentarias, la viceconsejería de Política Lingüística ha dejado una redacción final ambigua y se ha negado a garantizar el respeto efectivo de los índices sociolingüísticos, conjugados con la lengua de prestación del servicio en cuestión.

Y como marco general nos encontramos con el proyecto de nuevo decreto de perfiles. Hemos advertido en los trámites previos que debería reconocerse toda la diversidad de la sociedad vasca (incluyendo euskaldunes ágrafos, bilingües pasivos, monolingües), que hay que solucionar el creciente incumplimiento de los índices sociolingüísticos, y que es inaceptable que se pretenda dar un giro de tuerca armonizando por arriba todas las exigencias de las ya excesivas distintas normativas actuales.

En definitiva, estamos ante un dilema de modelo de país: plural o excluyente. Tuvimos un preocupante ejemplo hace siete años en el sectario ERE de Radio Euskadi. CC OO Euskadi ha tendido la mano para acuerdos de perfiles pluralistas, pero el rumbo, que se ha tomado ahondará en la ruptura total de los pactos lingüísticos estatutarios. Esto es lo que les toca aclarar a los partidos que están en el Gobierno vasco. Responderemos en consecuencia.