Regular lo regulado

La primera regulación es la orientación de la producción eléctrica hacia las eólicas y fotovoltaicas. La búsqueda de alicientes en la instalación de energías renovables condujo a la compensación vía factura a los consumidores de instalaciones ineficientes que atrajeron a España capital de todo el mundo. No por el interés en la producción eléctrica, sino en el cobro de las primas, particularmente en el caso de las fotovoltaicas, lo que se ha traducido en una carga económica para el consumidor y constituye parte de la factura mensual.

También ha sido la regulación pública la que ha conducido al diseño del actual sistema de subasta eléctrica que ha despertado las iras de los intervencionistas. Las compañías eléctricas acuden a la subasta como les corresponde, intentando maximizar los beneficios que les ofrece un sistema diseñado por el regulador. Si el modelo es equivocado o ha quedado obsoleto no será culpa de las empresas que están obligadas a someterse a él, sino del regulador que no ha acertado o se ha olvidado de actualizarlo.

A su vez, es también el regulador y no el mercado libre el que puso el IVA del consumo eléctrico en el 21%, aunque ahora lo haya bajado al 10%, y también es el regulador el que añadió el 5,11% de impuesto eléctrico a la factura, también ahora rebajado.

Es la regulación la que constituye las dos terceras partes del coste eléctrico de los enfadados consumidores que ven incrementada su factura y observan que pagan los precios más altos de Europa. Esos usuarios a los que ahora se intenta apaciguar con ideas de regulación del mercado, de la producción, de la generación, de la distribución, de la financiación.

Entre las populistas ideas de regulación está la de limitar los beneficios a las empresas eléctricas, que ha resultado ser la preferida por el Gobierno. De ese modo se amortiguaría la codicia con la que operan ante el consumidor. Seguro que la ambición de las energéticas es absoluta y aspiran a ganar hasta el último euro que les permite el conjunto del sistema. Pero la realidad es que el resultado de su negocio, a pesar de su avariciosa conducta, es la de que la rentabilidad por dividendo ronda el 3,5% anual. Una rentabilidad inferior al impuesto del IVA y el impuesto eléctrico que se aplica en todas las facturas eléctricas. Por cierto: en todo este maremágnum en el que se las apunta directamente como beneficiarias del repunte de precios, las principales eléctricas españolas cotizaban, hasta el anuncio incautatorio del Gobierno, por debajo de lo que lo hacían hace un año. Ningún inversor, pese a su voracidad de tiburón, se había dado cuenta de que las eléctricas se estaban forrando.

La otra idea, más audaz, es la de constituir una empresa eléctrica pública que compita con las empresas privadas y contribuya así al ahorro de los costes. La propuesta es muy sugestiva para quienes son amantes del control público de los medios de producción, materia en la que coinciden las tendencias más extremistas del arco político. Pero la realidad es que la experiencia ha demostrado el fracaso permanente de esta solución. ¿Hay alguien que crea que una empresa pública, dirigida por políticos y gestionada por funcionarios, sería capaz de ahorrar ese 3'5% de beneficio anual que arrojan las empresas privadas?

Por el contrario, lo único que queda claro de toda la experiencia española de regulaciones y controles es que las empresas eléctricas han hecho un papel digno, obteniendo una rentabilidad ajustada, imprescindible para lograr mantener su financiación y la inversión necesaria para adaptarse a los nuevos modelos de producción y consumo. Las empresas eléctricas españolas han conseguido situarse en los mercados internacionales, en los que obtienen mayores rentabilidades que en España, y ser referentes mundiales en la generación de energía renovable y en la instalación de redes eficientes de distribución. Son, realmente, el elemento que funciona bien de un sistema sobreregulado y que intenta expandir su control incluso sobre lo que ha quedado a salvo de la intervención pública.

Por todo ello, ¿hay alguien que, en lugar de regular, sugiera una idea dirigida a liberalizar tanta intervención?