La crisis sanitaria que estamos padeciendo ha obligado a las autoridades económicas a tomar medidas drásticas para tratar de atajar las consecuencias de un shock de gran magnitud. El cierre de la economía y la posterior apertura parcial, con una serie de restricciones que afectan ... particularmente al sector de servicios, han distorsionado tanto la oferta como la demanda de bienes y servicios. Desde la perspectiva de la oferta las autoridades fiscales se han centrado en una batería de medidas que persiguen fundamentalmente apoyar tanto a los trabajadores como a las empresas. En este sentido, las más relevantes serían la facilidad de acceso a la financiación -línea ICO de avales del Estado- y la utilización masiva de los ERTE. Además, las medidas anteriores han venido acompañadas de otras de carácter social entre las que destaca la instauración del Ingreso Mínimo Vital, a las que hay que añadir las implementadas por las comunidades autónomas. Todo ello ha supuesto y sigue suponiendo un esfuerzo considerable para tratar de mantener el tejido productivo, el trabajo y apoyar a la parte de la población más débil.
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En cualquier caso, la consecuencia directa de todo lo anterior ha sido un deterioro de las cuentas públicas sin precedentes. En términos de déficit total, el pasado año este ascendió a 123.072 millones de euros, lo que supone nada menos que un 11% del PIB. Y si miramos la deuda, esta se incrementa con respecto a 2019 en términos netos en 156.750 millones de euros -el mayor aumento de este siglo, superior al habido en 2010 en plena crisis financiera-, con lo que el total con respecto al PIB supone un 120%. Finalmente, el servicio de la deuda -es decir, el pago por ella- se eleva a 25.192 millones, con lo que el déficit primario -déficit sin tener en cuenta los intereses- alcanza los 97.880 millones, un 8,7% del PIB.
Tras estas mareantes cifras es pertinente preguntarse sobre la sostenibilidad de la posición fiscal española. Básicamente si seremos capaces de reducir el endeudamiento con respecto al PIB o si, por el contrario, nos encontramos en un punto sin retorno en el que su peso sólo puede aumentar.
Vaya por delante nuestra conclusión: creemos que es un enorme reto, pero posible. En cualquier caso debemos partir de la premisa de que se requiere una disciplina fiscal que no hemos sido capaces de demostrar en el pasado reciente. Al margen de esta condición necesaria, en esta ocasión contamos con el apoyo tanto de la política monetaria como fiscal europea, aspectos que son claves como veremos a continuación.
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La variación del peso de la deuda sobre el PIB depende de dos elementos: el déficit primario con respecto al PIB y el resultado de multiplicar el cociente deuda sobre PIB por la diferencia entre el tipo de interés de la deuda y el crecimiento del PIB. En cuanto al primer sumando es razonable que para 2023/24 el déficit primario vuelva a la senda exigida por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento registrando un valor por debajo del 3%. Pero el segundo se espera que sea elevado y negativo y, en definitiva, que la suma de ambos dé como resultado una variación negativa del endeudamiento.
Y es que la política monetaria, a través del Programa de Compras de Emergencia Pandémica, no sólo está logrando que los países no tengan problemas de emisión, sino que además está consiguiendo que el coste medio de la deuda se esté reduciendo. Concretamente en estos momentos el coste medio de la deuda española es del 1,79%. Así, por ejemplo, un dato muy llamativo es que la cifra de intereses del pasado ejercicio es la más baja desde 2011 cuando la deuda suponía un 64,4% del PIB. Y, dado que las expectativas apuntan a que previsiblemente el Banco Central Europeo incrementará hacia finales de año el programa en medio billón de euros adicionales, este proceso de reducción del coste continuará.
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Por otra parte, los Fondos Next Generation brindan una oportunidad sensacional de crecimiento futuro en base a la modernización del tejido productivo de la economía. Es por ello que la diferencia entre el coste de la deuda y el crecimiento del PIB es razonable que sea negativo y superior al cociente entre el déficit primario y el PIB, con lo que la variación del peso de la deuda podría disminuir. Todo este proceso deberá ser acompañado de dos reformas básicas que exigen desde Europa, como son la del mercado laboral y la del sistema de pensiones, reforma esta última que a medio plazo corrige un déficit al que inevitablemente lleva el proceso de envejecimiento de la población en las cuentas de la Seguridad Social.
En definitiva, recuperar el nivel de vida que hemos disfrutado hasta hace relativamente unos pocos años exige el crecimiento del PIB potencial de la economía, lo que reduce además la carga de la deuda sobre el PIB.
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