Una propuesta constructiva

Nuestro sistema laboral se ha puesto a prueba ante el 'shock' de oferta que originó la aparición del virus y las bajas por enfermedad siguen provocando anomalías productivas y educativas en fábricas y colegios. Nuevas formas de teletrabajo han llegado para quedarse, aunque su regulación es compleja. La enumeración de consecuencias de la pandemia podría ser interminable.

Me pregunto si no es suficiente como para que una comisión parlamentaria concentre la enorme cantidad de información existente y analice las consecuencias, las enseñanzas, las conclusiones para el futuro que hay que extraer para afrontar nuevas situaciones semejantes o simplemente para ordenar el mundo resultante de lo que ha sucedido.

No hay en nuestra experiencia democrática demasiados ejemplos de este tipo de trabajo en sede parlamentaria. Recuerdo algunas de estas comisiones de información en materias horizontales sobre problemáticas transversales a ministerios y territorios, generalmente ubicadas en el Senado. Sin embargo, cada vez hay más de estas materias que sobrepasan una política sectorial concreta y demandan una aproximación de nuestros representantes públicos al margen de la disputa partidista y de la dialéctica Gobierno-oposición.

En el caso que nos ocupa, las razones para su constitución son evidentes. Solo desde el punto de vista sanitario y en el contexto del reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas hay materia suficiente. No digamos si se añaden los problemas legislativos y la insuficiencia del estado de alarma como base legislativa de excepción a la vista de las sentencias del Constitucional. Pero dejemos ese plano a la competencia y a la iniciativa del Congreso de los Diputados.

¿No hay parecidas y suficientes razones para tomar esa iniciativa en el Parlamento vasco? ¿No debería nuestra Cámara representativa abordar un trabajo de recopilación de información sobre todo lo que ha ocurrido aquí a lo largo de estos dos años, llamando a comparecer a decenas de representantes y protagonistas de la sociedad vasca, para que aporten sus experiencias y recomendaciones?

Es necesario oír a hosteleros y directores de colegio, a médicos y enfermeras, a juristas y responsables políticos, a empresarios y sindicatos, a epidemiólogos y expertos en salud pública, a directores de residencias de ancianos y de hospitales. Hay que pedir informes con conclusiones a varios departamentos del Gobierno: Educación, Salud, Economía, Trabajo... Y a otros muchos protagonistas de nuestra vida económica y social, desde Confebask a organizaciones económicas sectoriales, para que pongan en limpio recomendaciones sobre cómo afrontar situaciones semejantes en el futuro. De la misma manera, la revisión y ajuste de nuestro marco jurídico para aclarar las competencias del Ejecutivo y soportar -con amparo judicial- las medidas que son necesarias para este tipo de casos.

No hablo de una comisión como las que se crean para investigar escándalos derivados del mal funcionamiento de las administraciones. No se trata de una comisión contra nadie, sino para analizar nuestra actuación ante esta catástrofe y estudiar las medidas a proponer a nuestro sistema político, institucional, gubernativo, judicial, etcétera que nos permitan afrontar con más certezas y acierto situaciones semejantes.

El Parlamento vasco ha creado a lo largo de sus más de 40 años de existencia once comisiones de investigación o estudio. Dos en las dos últimas legislaturas: Hiriko y comedores escolares. Las anteriores tienen parecido origen: bebés robados, duplicidades institucionales, irregularidades en la contratación de servicios sanitarios... La pandemia y sus efectos es, con muchísima diferencia, el tema de mayor dimensión e importancia de los que nos han ocupado en nuestra experiencia como comunidad autónoma.

A esta comisión de estudio acudirían los parlamentarios con ánimo de escuchar, aprender y analizar lo ocurrido. No se trata de investigar ninguna circunstancia oculta ni de aprovechar la iniciativa para hacer tarea partidista. Se trata de que, al final, elabore un informe con conclusiones y recomendaciones que deberían guiar un conjunto de actuaciones de los poderes públicos que nos permitan enfrentar otras pandemias o circunstancias catastróficas semejantes, con una organización institucional e instrumentos públicos mejores. Nada más, pero nada menos.

Nadie mejor que el Parlamento para esta tarea.