Prioridad de valores

Muchas veces he expresado mi opinión de que la pandemia es más que un problema de salud y de sanidad. Es, también, un problema económico gigantesco con empresas que han tenido que cerrar, aumentando el número de parados, especialmente entre los jóvenes, las mujeres y las personas con menor formación. Es un problema educativo, particularmente en los menores a los que difícilmente se les puede aplicar la educación telemática; es un problema para la salud mental de muchas personas que difícilmente pueden soportar los confinamientos y las restricciones en su vida ordinaria; y un largo etcétera. De ahí que no todos los poderes públicos, en el Estado español, con muchas competencias ejercidas por las comunidades autónomas, así como entre los Estados que componen la Unión Europea, hayan adoptado medidas similares para afrontar la pandemia. Es que, como recuerda el centenario y mundialmente reconocido sociólogo Edgar Morin, en nuestra sociedad necesitamos adoptar el principio de la complejidad, lo que supone, entre otras cosas, la intradisciplinariedad en la búsqueda de solución a los problemas. Máxime cuando nos enfrentemos a sucesos inesperados y que nos desbordan, como es el caso de la pandemia que nos asola. Pero hay un acuerdo general, del que participo, en que el problema prioritario es el de la salud, en su sentido más radical: nos estamos jugando la vida y todo lo demás, aun siendo muy importante, es secundario.

Creo que hemos concedido a los jueces un poder desmesurado. Los jueces pueden decidir, con poder coercitivo, sobre todo lo que llegue a sus manos. Son el primer y el definitivo poder. La Justicia no existe, solamente hay jueces. A lo sumo, ante sus sentencias, cabe elevarlas a otros jueces que hayan llegado más arriba en el escalafón judicial. Sus sentencias hay que acatarlas, aunque estamos viendo en España que, frente a la pandemia, se adoptan resoluciones diferentes, ante situaciones similares (las últimas, los tribunales superiores de Cataluña y Navarra, en un sentido contrario al TSJPV). Algunos subrayan rigorismos legales en lugar del objetivo final que, en el caso de la pandemia, es salvar vidas y que las personas que superen la covid lo lleven lo mejor posible, y hacer lo posible para evitar que se infecten los que aún no lo han hecho. Así como una seria llamada de atención a los que no quieren vacunarse.

Con todo respeto pero no menor contundencia, afirmo que no me vale la argumentación de los jueces González Sainz y Rodríguez del Nogal de que, con las medidas propuestas por el Gobierno vasco, se iban a vulnerar varios derechos fundamentales (que se vulneran, sí): la igualdad, la intimidad, el derecho de reunión, el derecho a la libertad ambulatoria, las «libertades de expresión y creación artística» («por ejemplo cuando de karaokes se trata», recoge su sentencia) o el derecho «al libre desarrollo de la personalidad». Pero lo que está en juego es el derecho a la vida. Estamos ante una colisión de derechos, lo que exige una priorización de unos sobre otros. Defiendo que no hay equiparación posible con el objetivo final: salvar vidas. Es lo que sostiene el magistrado Garrido en su voto particular, que la medida propuesta por el Gobierno vasco «es adecuada, idónea y proporcionada en relación con los bienes jurídicos en conflicto: salud pública versus intimidad e igualdad», por lo que debería concederse la autorización solicitada.

La democracia se basa, sustancialmente, en cuatro poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el del pueblo, pretendidamente soberano. De los cuatro, en mi opinión, en la actualidad en España, y no solo en España, el que en mayor grado pone en riesgo el futuro de la democracia es el poder judicial, seguido por el político y, fuera de España, determinadas asociaciones de ciudadanos.