Principio de tolerancia mutua

Durante los últimos años, en algunos países europeos se han producido asesinatos de políticos destacados por su compromiso con los valores democráticos. Obligado es recordar a Jo Cox y a Walter Lübcke. El 16 de junio de 2016 la diputada laborista Jo Cox, partidaria de la permanencia de Reino Unido en la UE, fue tiroteada y apuñalada. Testigos del crimen oyeron al asesino proferir el grito de «Gran Bretaña primero». El 2 de junio de 2019 el dirigente demócrata-cristiano alemán Walter Lübcke, muy cercano a Merkel y partidario de conceder asilo político a los refugiados de la guerra civil siria, fue asesinado de un tiro en la nuca. Los asesinos de ambos -condenados en sus respectivos países a cadena perpetua- defendían similares ideas xenófobas y ultranacionalistas. Las víctimas tenían también un común denominador: se trataba de dos cualificados representantes políticos que, desde la izquierda laborista y la derecha democristiana, defendían contra viento y marea los principios del Estado de Derecho y de la democracia liberal. Por lo que se refiere a nuestro país, durante muchos años políticos del PP y del PSOE fueron asesinados por terroristas de ETA, organización criminal de ideología ultranacionalista y antiliberal.

De todos esos episodios cabe extraer una enseñanza: los crímenes políticos, como crímenes motivados por el odio, vienen siempre precedidos de discursos de odio. Discursos que no tienen cabida en un Estado democrático y que, sin embargo, alimentados por las redes sociales, están deteriorando gravemente nuestra convivencia.

En este contexto, la campaña electoral madrileña resulta especialmente preocupante. Los partidos políticos han vulnerado el principio básico de toda democracia -el principio de tolerancia mutua- y planteado las elecciones en clave antidemocrática; esto es, conforme a la lógica política amigo/enemigo.

El principio de tolerancia mutua se resume en la idea de que el adversario nunca puede ser considerado ni tratado como un enemigo (ni como un traidor). De ello se deriva la obligación de reconocer y admitir que los adversarios políticos tienen un derecho idéntico al nuestro a participar en el juego político, a competir por el poder y en su caso a gobernar. Siempre que respeten el marco constitucional, los adversarios deben ser considerados contrincantes legítimos y su eventual victoria electoral nunca puede ser contemplada como una amenaza existencial para el sistema. Ese principio es inherente al valor del pluralismo y opera como presupuesto de la alternancia política que caracteriza a todo régimen democrático. Por ello, su quiebra ha conducido siempre a la destrucción de la democracia. Así ocurrió, por ejemplo, durante la II República española cuyo 90 aniversario conmemoramos el pasado día 14. Las elecciones de febrero de 1936 se caracterizaron por un frentismo en el que cada bando contemplaba la eventual victoria electoral del otro como el apocalipsis.

Las elecciones de Madrid se plantean peligrosamente en esos términos polarizadores y apocalípticos: 'Comunismo o libertad' (desde la derecha) y 'Fascismo o democracia' (desde la izquierda). Los adversarios resultan así descalificados y demonizados como enemigos a destruir para preservar la democracia. El principio de tolerancia ha desaparecido por completo.

En su ya clásico ensayo 'Cómo mueren las democracias', que debiera resultar de lectura obligada para nuestra clase política, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt advierten de que la quiebra del principio de tolerancia es la antesala de la destrucción de la democracia. Esa quiebra se está produciendo en Madrid. Los partidos vertebradores del sistema -PSOE y PP- deben reaccionar antes de que sea tarde y el discurso del odio devenga en violencia política. Es urgente rebajar la polarización y cesar en la demonización del adversario. La finalidad de la campaña electoral madrileña es ofrecer alternativas basadas en diferentes intereses y valores para afrontar los múltiples problemas de la sociedad. Aunque los dirigentes de Podemos muestren simpatía por regímenes dictatoriales (Cuba, por ejemplo) y los de Vox la suya por gobiernos antiliberales (Polonia o Hungría, por ejemplo), el 4-M no está en juego el modelo de sociedad.

El PP y el PSOE cometen por ello una grave irresponsabilidad al tolerar y fomentar unos discursos que solo contribuyen a potenciar a los radicales de ambos lados del espectro ideológico. Discursos con una carga de odio potencialmente letal para nuestra democracia.