Portazo sindical a los derechos de los enfermos de covid

Francia acaba de plantear la exigencia de inmunización para los trabajadores de la salud. Esa nación sigue los pasos de otras, como Italia o Grecia, que ya han aplicado acciones similares. Pero también existen algunos países que han decretado la obligatoriedad de la vacunación para frenar la propagación del covid-19. No es necesario recordar que la obligatoriedad de las vacunas está creciendo en el mundo. El fuerte repunte de los casos por la propagación de las variantes del coronavirus (principalmente la delta, altamente contagiosa) y una desaceleración en las campañas de vacunación han llevado a algunos gobiernos a tomar medidas que implican la exigencia de inmunización para parte de la población.

Dentro de la Unión Europea preocupa en especial la expansión del virus entre las personas que aún no están vacunadas. Las intensas campañas de difusión para promover la vacunación no parece que hayan sido suficientes y el escepticismo en algunos países ha llevado a sus autoridades a adoptar medidas que, si bien no instauran la vacunación obligatoria, limitan la capacidad de acción de las personas no vacunadas. Y así, países como Francia, Italia y España están cerca de poner en marcha el uso obligatorio del certificado de vacunas para poder realizar numerosas actividades de ocio y turismo con el fin de controlar nuevos brotes y evitar que personas con alto riesgo de contagio enfermen al acudir a este tipo de encuentros.

Es decir, habrá que estar vacunado para ir a discotecas o bares, para cenar en restaurantes, ir al fútbol o a festivales musicales, etcétera. Frente a estas medidas, grupos contrarios a las vacunas se han manifestado, argumentando una «violación de sus derechos» a no ser vacunados. A estos grupos se unen nuestros sindicatos mayoritarios, al mismo tiempo que nuestro Gobierno duda de la legalidad de la medida, llevándonos a la sempiterna situación de la justicia en nuestro país, que con excesiva frecuencia se pierde en la forma y no entra en el contenido, resolviendo injustamente.

«Es que la ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, es muy amplia y no hace una mención expresa a las vacunas», argumentan algunos. Y es cierto, pero también sabemos que muchas leyes no se adecuan a las realidades existentes, por muy emergentes y graves que sean, y eso no puede justificar nunca actitudes palmariamente irresponsables que cuestan vidas.

Y ahora me refiero específicamente a trabajadores sanitarios en activo que rechazan, al parecer avalados por las leyes, ser vacunados. Francia no ha sido el único país europeo en anunciar la vacunación obligatoria para el personal sanitario. En Italia, un decreto ley del 25 de mayo obliga a médicos y personal sanitario a vacunarse contra el covid-19. Quienes se nieguen se arriesgan a quedar privados de ejercer su profesión en contacto con la población. En algunas regiones italianas ya han apartado de sus puestos de trabajo a varios sanitarios que se negaron a inmunizarse.

Preocupada por estas situaciones,la Organización Médica Colegial (OMC) va a reforzar el Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias (Oppiss) para hacer frente a los peligros que este tipo de acciones suponen para los pacientes y para la salud pública en general, en un momento especialmente sensible ante fenómenos como el negacionismo y los 'antivacunas', incluidos los sanitarios.

Hechas estas reflexiones, me pregunto y pregunto a las autoridades en general, y a los sindicatos en particular: ¿Y dónde quedan los derechos del enfermo o los del usuario de la sanidad o de las residencias geriátricas?

Personalmente, y lo digo de manera pública, exijo como usuario de la sanidad pública, y eventualmente de la privada, que no me trate nadie que no esté vacunado. Que no participe nunca, en ninguna fase del proceso de mi control y seguimiento médico, ningún sanitario que no esté vacunado y que el sistema, Osakidetza, me garantice por escrito que esto es así.

Creo que ningún colectivo tiene derecho a poner mi salud en riesgo y menos por cuestiones no médicas. Siempre he defendido, sin mucho éxito, que el derecho del enfermo debe estar por encima del derecho del trabajador.