La pólvora: los migrantes

Ocurrió algo parecido en la frontera entre Marruecos y España en mayo de este mismo año. La crisis diplomática y la revancha fue de otro tipo. El Gobierno de España había acogido al secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, para tratarse de la covid-19. Semanas después, el reino alauí permitió que en solo dos días unos 8.000 migrantes irregulares entraran en Ceuta. La mayoría de los que trataban de cruzar la frontera con España eran marroquíes. Algunos eran subsaharianos. Según las fuerzas de seguridad españolas, la gendarmería mostraba una «inusual pasividad».

El caso de la frontera entre Bielorrusia y Polonia es más complejo porque los 10.000 migrantes que se hacinaban en la demarcación no proceden de Bielorrusia. Son iraquíes, sirios y afganos que llegan a Minsk, la capital bielorrusa, con un billete turístico facilitado por el propio Gobierno bielorruso, junto con el visado para entrar en su país. Todo a cambio de 3.500 dólares (3.110 euros). El Gobierno bielorruso emplea los aeropuertos y las aerolíneas de Emiratos Árabes Unidos, Dubai, Omán, Egipto y Turquía para incentivar el viaje de los migrantes.

También Turquía entra en el juego de los desquites a través de la migración y cada cierto tiempo abre sus fronteras con la UE. Este peligro se oficializó en la declaración acordada entre los estados miembros de la Unión Europea y Turquía el 18 de marzo de 2016. Simplificando los términos del acuerdo, Turquía se encargaría de frenar las salidas desde su territorio hacia las islas griegas a cambio de 6.000 millones de euros y de la liberalización de los visados para los ciudadanos turcos, e incluso readmitiría en su territorio a todos los migrantes irregulares que hubieran accedido a las islas griegas. Cinco años después de la declaración, Turquía ha recibido a 2.000 migrantes devueltos desde Grecia.

La externalización del control fronterizo, es decir, acordar con terceros estados la gestión de las entradas a la UE, fue considerada la solución a las llegadas masivas durante la crisis de los refugiados de 2015. Pues bien, contar con los países terceros para gestionar la migración puede volverse, como un boomerang, en contra de la Unión y de sus estados miembros. El primer ministro polaco lo está viendo con sus ojos y la Comisión Europea también: Bielorrusia instrumentaliza su frontera. Y Polonia, que anhelaba su soberanía, que se negaba a aceptar las cuotas propuestas por el Consejo de la UE para reubicar a los refugiados que llegaban a Grecia y a Italia en 2016, y que incluso presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE para anular la decisión relativa a las cuotas, depende ahora de la mediación de la Comisión Europea para que esta active sus medidas diplomáticas y exija a los terceros Estados que pongan freno a los vuelos de migrantes. Se da la circunstancia de que Polonia está en el punto de mira de la UE por la falta de independencia de sus órganos judiciales. El Ejecutivo polaco es arrogante con los postulados de la Unión y paradójicamente se ve obligado a pedirle auxilio.

Los vecinos polacos que habitan en las localidades cercanas a las fronteras con Bielorrusia y las ONG entregan comida, agua, mantas, sacos de dormir y ropa a los migrantes. El problema es que el Gobierno de Varsovia declaró en septiembre el estado de emergencia en dos provincias fronterizas con Bielorrusia, y con ello impide que las ONG accedan a los lugares donde se hallan los migrantes más afectados por esta guerra híbrida. Por consiguiente, la tan aclamada solidaridad del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo presentado en 2020 por la Comisión Europea se reduce a la ayuda que prestan los ciudadanos polacos de manera voluntaria. El sarcasmo es que el traslado de los migrantes a los centros de acogida o alojarlos en sus casas constituye un delito según la legislación polaca.