
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La multiplicación de ayudas económicas condicionadas es un fracaso de las políticas sociales y redistributivas. Mejoran ligera y temporalmente algunas situaciones de pobreza, pero no ... inciden sobre las estructuras de desigualdad. Las más recientes son la «nueva (sic) ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio» del Gobierno central, que sucede -no podía ser de otra manera- a la «anterior (sic) ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio», y, en Euskadi, las «nuevas ayudas mensuales a la crianza de las hijas o hijos», otros 200 euros mensuales por hija o hijo hasta los tres años.
Son las últimas de un extenso listado que incluye medidas permanentes y de mayor dotación económica (rentas de garantía de ingresos) junto a otras complementarias (ayudas de emergencia social, subsidio por insuficiencia de cotización…), ayudas ocasionales (bonos cultura) y otras muchas dirigidas a colectivos específicos (prestación extraordinaria por desempleo de los artistas, bono joven de alquiler, subsidio para emigrantes retornados, ayuda de pago único para mujeres víctimas de violencia de género…). Moverse por esta selva de ayudas que a veces suman y otras restan, en muchos casos incompatibles entre sí y con el empleo, exige recursos de tiempo y competencias (digitales, por ejemplo) que no están al alcance de cualquiera, además de una burocracia hipertrofiada. Y todo para superar apenas el umbral de pobreza, sin salir del espacio de la inseguridad y la incertidumbre.
Son políticas de final de cañería que pretenden revertir situaciones fruto de dinámicas estructurales: la ruptura de la norma social del empleo estable; la mercantilización de bienes esenciales como la alimentación, la salud, la vivienda o la educación; la elusión y evasión fiscales. Frente a estas dinámicas, lo que necesitamos son buenos salarios, buenas pensiones de jubilación, una renta básica universal, una fiscalidad que tope las rentas altas y recupere para la sociedad beneficios injustamente privatizados, un parque de vivienda pública en alquiler, servicios públicos de cuidado para la infancia y las personas mayores.
Las políticas sociales para las personas pobres son pobres políticas sociales desde su mismo diseño, fundado sobre el despotismo tecnocrático: todo para las personas pobres, pero sin contar con ellas. La condicionalidad refleja la cultura de la desconfianza sobre la que se conciben y aplican. En estos momentos hay organizaciones sociales denunciando el control de la Ertzaintza a personas perceptoras de la RGI, accediendo a sus hogares para comprobar el cumplimiento de requisitos como los de empadronamiento o las identidades de quienes comparten domicilio. No sé si somos conscientes de lo que supone que una patrulla uniformada se presente en tu domicilio sin que medie denuncia alguna, desde la sospecha o para prevenir un fraude rechazable pero anecdótico, con lo que tiene de estigmatizador y humillante.
En 1989 la investigadora y activista Peggy McIntosh nos animaba a deshacernos de la «maleta invisible» de nuestros privilegios, de todas esas ventajas de las que disfrutamos inconscientemente por el hecho de ser varones, o blancas, o educadas, o económicamente acomodadas: «Al estudiar el privilegio masculino no reconocido como un fenómeno, me di cuenta que, como las jerarquías de nuestra sociedad están interrelacionadas, es muy probable que haya un fenómeno del privilegio blanco que sea igualmente negado y protegido. Como persona blanca, me di cuenta que me habían enseñado el racismo como algo que pone a otras personas en situación de desventaja, pero me habían enseñado a no pensar en sus consecuencias, el privilegio blanco, lo cual me pone en una situación de ventaja». Privilegios que, como advierte Reni Eddo-Lodge, son tan difíciles de definir y de percibir porque suponen una «ausencia de las consecuencias negativas» del racismo, del machismo o del clasismo.
Quienes investigamos o intervenimos en el campo de las políticas sociales no podemos seguir funcionando desde la inconsciencia de nuestra maleta de privilegios, desde un marco mayoritariamente varón, blanco, educado y económicamente acomodado. Diseñamos o gestionamos ayudas, recursos y servicios que nunca son para nosotras, sino para otras. Imponemos o justificamos condiciones que jamás aceptaríamos para nosotras. Porque nuestro mundo es el de los derechos, no el de las ayudas.
Es urgente que las entidades sociales sistematicen el conocimiento del que disponen, que evidencia las insuficiencias y perversiones de las ayudas condicionadas. Que se paren a pensar en el papel que juegan como gestoras y legitimadoras de este modelo. Que se planten, que nos plantemos, y que militemos de una vez por todas en favor de unas políticas sociales universales y dignas, de unos recursos y servicios sociales a los que no nos importaría tener que recurrir.
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