Una política lingüística sensata

En una sociedad con dos lenguas oficiales como la nuestra, los poderes públicos están obligados a garantizar, de forma efectiva, el uso de cualquiera de ellas. Los perfiles lingüísticos son una forma aceptable de asegurarlo, pero no cualquier regulación es igualmente admisible.

Los fundamentos de la política lingüística que se establecieron en el momento fundacional lograron un equilibrio notablemente acertado: libertad de elección de la lengua oficial de uso; libertad de lengua en la enseñanza, complementada con el aprendizaje obligatorio de la otra lengua oficial; adecuación de la política lingüística a la realidad sociolingüística de las distintas zonas del país; y necesaria promoción del uso del euskera -como lengua distintiva de la sociedad vasca, pero socialmente minoritaria y débil-. Debía ponerse en práctica con prudencia, realismo y amplio consenso, en el convencimiento de que, si faltasen, el euskera sería el mayor damnificado. Estos mimbres han hecho posible la 'paz lingüística'. Olvidarlo es una imprudencia, con riesgo de llevar la cuestión lingüística a un terreno de confrontación.

En la adecuación de las administraciones públicas a la existencia de dos lenguas oficiales hay problemas, por defecto y por exceso. La actitud de los sucesivos gobiernos del Estado ha adolecido de dejación, como señalan reiteradamente informes del Consejo de Europa. La Administración del Estado en la comunidad autónoma representa poco, cuantitativamente, pero esa dejadez, además de su importancia cualitativa, dificulta enormemente la realización en euskera de trámites de gran incidencia social.

Por su parte, en no pocos casos la adecuación del personal al servicio de las administraciones del País Vasco, incluidas las locales, se ha caracterizado por el voluntarismo -criticado en la reflexión Euskara XXI, que parece haber caído en el olvido-, cuyo efecto ha sido un gradual distanciamiento respecto a la realidad sociolingüística. Las fórmulas utilizadas para calcular el porcentaje de exigibilidad del conocimiento del euskara arrojan resultados muy superiores a los datos de esa realidad, sin correspondencia con la dispar implantación territorial del euskera y de su uso. Su manifestación extrema es el intento de transformar el porcentaje obligatorio de puestos en los que es necesario dominar el euskera ('índices de obligado cumplimiento') en porcentaje mínimo ('índices de mínimo cumplimiento'), elevable a voluntad de cada administración. Con ello, se contraría la finalidad del sistema de perfiles, lo convierte en un sistema 'a la carta', abierto al voluntarismo político, y supone la renuncia de las instituciones comunes de la comunidad a la dirección de la política lingüística, elemento capital en el pacto de aprobación del Estatuto.

La pretensión de imponer fecha de preceptividad al perfil en todos los puestos de trabajo (a partir de la cual el cumplimiento del requisito lingüístico es obligatorio para acceder al mismo o para conservarlo) modifica la finalidad de la normalización lingüística de las administraciones públicas (garantizar el efectivo ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas), convirtiéndola en un fin en sí mismo.

La 'normalización' del euskera en el sector público no puede ignorar la realidad de una sociedad diversa, con creciente número de inmigrantes, en la que hay que evitar que los requisitos lingüísticos se conviertan en un elemento adicional injustificado de exclusión. Y debe adaptarse a la realidad de la comunidad de hablantes del euskara. Es necesario tener en cuenta a quienes, en número no despreciable, tienen capacidad de comunicación oral en euskara, pero carecen de capacidad comunicativa escrita. Y es necesario, igualmente, contar con quienes han alcanzado un cierto nivel de comunicación pasiva (vinculada a una comprensión del euskera no necesariamente acompañada de la producción en la misma lengua). Lo que tanto se ha alabado en Euskaraldia -'belarriprest'- debe verse reflejado en el sistema de perfiles lingüísticos y su acreditación, aportando al sistema una mayor flexibilidad y adecuación a nuestra realidad, que es dinámica.

La sociedad vasca y el futuro del euskera requieren una política lingüística equilibrada -ecuánime, sensata y prudente- que sea, al mismo tiempo, realista -práctica y ajustada a la realidad- y que concite un amplio consenso -que haga posible la aceptación de la gran mayoría social-. Una reforma adecuada del sistema de perfiles lingüísticos debe servir para facilitar una convivencia plurilingüe satisfactoria en el marco de la sociedad vasca realmente existente.