¿Cómo nos reparamos de la tortura?

Sabemos que la tortura constituye un crimen de Derecho Internacional, está prohibida en todo momento y circunstancia, ni siquiera encuentra justificación «en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación». Hasta ahora la única persona que podía calificar un acto de tortura desde un punto de vista legal era un juez. Y los jueces, cuando dictan sentencia, ¿no se pueden equivocar? A menudo he escuchado que la sentencia del 'caso Lasa y Zabala' quedó incompleta al no considerar probados los delitos de tortura, aunque sí recoge que «la muerte se les causó dolosamente». Cuando he tenido ocasión de reunirme con alguna persona experta le he preguntado que, jurídicamente, cuál es la diferencia entre dispensar un trato cruel, inhumano o degradante y causar una muerte dolosamente. De momento ninguna autoridad me ha respondido.

El Gobierno español ha otorgado indultos a reconocidos perpetradores condenados incluso reiteradamente por la práctica de la tortura. Los indultos son una violación de la Convención contra la Tortura y afectan a la reparación de las víctimas y a la prevención. Además, transmiten el mensaje a los perpetradores de que pueden seguir realizando violaciones de derechos humanos. El relator Fabián Salvioli ha recomendado a España que aplique criterios jurídicos que se ajusten mejor a los criterios internacionales y ha insistido en que los indultos a condenados por torturas no son ejemplo de buenas prácticas.

Ante esta realidad tan cuestionada, en 2014 el Gobierno vasco y en 2018 el Gobierno de Navarra encargaron al Instituto Vasco de Criminología una investigación independiente siguiendo los estándares internacionales para conocer la incidencia real de la tortura y los malos tratos en Euskadi y Navarra. Tras los resultados obtenidos se consideró pertinente aprobar las siguientes leyes autonómicas. Por un lado, la Ley vasca 12/ 2016, y por otro, la Ley foral 16/ 2019. Dichas normas permiten a una comisión de valoración -integrada por expertos forenses, psicólogos, defensores de derechos humanos- analizar los expedientes de personas que lo soliciten y afirmar que, más allá de toda duda y acorde a un conjunto de criterios médico-psicológicos, la persona ha sufrido tortura o ha padecido otra vulneración de derechos humanos.

Ambas leyes estan permitiendo que las víctimas de tortura y otras conculcaciones de derechos humanos vean cumplida una de sus exigencias, que se reconozca oficialmente el sufrimiento que padecieron y, en la medida de lo posible, que se repare y divulgue esta realidad ocultada.

En esta línea, observamos iniciativas públicas de apoyo, reconocimiento y reparación. Hace unos días, el Gobierno vasco organizó un acto en San Sebastián donde reconoció 66 casos de tortura o vulneraciones de derechos humanos analizados por la comisión de valoración en 2023. Entre los asistentes acudió muy emocionada nuestra madre, Feli Artano, de 93 años, ya que, por primera vez y oficialmente, su hijo José Ignacio Zabala Artano era reconocido como víctima de secuestro, desaparición forzada, torturas y asesinato -40 años después de haber perdido a su hijo-. Las víctimas o, en caso de fallecimiento, sus familiares recibirán los dictámenes de reconocimiento de la conculcación de derechos, que les ayudarán a restañar sus heridas. También el Gobierno de Navarra hará lo propio.

Las instituciones vascas y navarras van avanzando y deshaciendo el muro de impunidad que hasta ahora imperaba. Es imprescindible demostrar que en esos casos el Estado español no protegió ni garantizó la seguridad de sus conciudadanos y, por tanto, ética y jurídicamente tiene una responsabilidad y le corresponde al Ejecutivo actual liderar las acciones de reparación integral a dichas víctimas.

La tortura no fue un hecho individual; a través de las víctimas se buscó torturar a toda la sociedad vasca, navarra o española. Acabar con la tortura es una tarea compleja que requiere de una actitud política valiente y de un claro rechazo de la sociedad civil a cualquier intento de uso de la misma en su nombre y con sus impuestos. La investigación médica y psicológica puede ayudar mucho. Al final, cada uno debe decidir qué tipo de mundo quiere legar a las generaciones futuras. Debemos empezar defendiendo nuestra esencia, la que da sentido al término humanidad. Y, en ese mundo, no debería caber en ningún lugar la tortura como máxima expresión de claudicación de los valores.