Caso Pegasus y teorema Forcadell

Estas revelaciones se han producido en una situación de gran tensión entre los socios de Gobierno de ERC y Junts derivada de las informaciones sobre las reuniones de Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Carles Puigdemont, con miembros de los servicios secretos rusos, en las cuales salió a relucir el tratamiento favorable a la secesión, en los momentos álgidos del 'procés', de los grandes medios de comunicación rusos, censurados desde la guerra de Ucrania. Coincidiendo con el estallido de la guerra, la difusión de estas noticias provocaba un daño terrible sobre la buena imagen mediática internacional del independentismo catalán, poniendo en peligro el cuidadoso trabajo realizado en este terreno desde la Generalitat.

En este contexto se explican las explosivas declaraciones de Gabriel Rufián sobre «los señoritos y James Bond» que colocaron a la coalición gubernamental al borde del colapso. No solo por este motivo, sino por otro de carácter interno. Puigdemont resulta el principal obstáculo para que ERC aposente su hegemonía política en el movimiento independentista. Todo aquello que contribuya a erosionar su aureola de presidente en el exilio, en la heroica estela de Companys y Tarradellas, favorece las aspiraciones de ERC que, desde los tiempos de la Segunda República, no ostentaba la presidencia de la Generalitat. De hecho, Puigdemont es el principal factor cohesionador de las heterogéneas fuerzas agrupadas tras las siglas de Junts per Catalunya.

En la vigilia de la Diada de Sant Jordi, la primera tras dos años de covid, el caso Pegasus, bautizado por los medios 'indepes' como 'Catalangate', parece una bendición del santo patrón a los partidos independentistas hasta entonces profundamente divididos. Tras el fracaso de la vía unilateral, el movimiento carece de una estrategia coherente para lograr la independencia y experimenta un cierto retroceso social, al menos en cuanto a su capacidad movilizadora. A Junts le permite desviar las desagradables derivaciones de la trama rusa, objeto de una investigación en el Parlamento Europeo. Pero, sobre todo, favorece la recomposición de la mayoría independentista tripartita que sustentó la investidura de Aragonès. La negativa de la CUP a votar los Presupuestos de la Generalitat -aprobados con el apoyo de los Comunes- precipitó que ERC diese por roto el compromiso de someterse, a mitad de la legislatura, a una moción de confianza para evaluar los resultados de la mesa de diálogo con el Gobierno español.

El caso Pegasus reactiva las pulsiones victimistas más profundas y arcaicas del movimiento nacionalista, como otro episodio del relato sobre el largo combate contra un Estado que busca destruir la nación catalana. Una reacción defensiva que se resuelve apelando a la unidad de las fuerzas cívicas y políticas catalanas para responder con firmeza a las agresiones del Estado, como se escenificó en la rueda de prensa conjunta de Puigdemont y Oriol Junqueras en Bruselas para denunciar el asunto.

Prueba de ello es que Aragonès se ha visto obligado a salir a la palestra para sacar la artillería pesada y amenazar con congelar la mesa de diálogo y retirar el apoyo de los 13 diputados de ERC, imprescindibles para la investidura de Pedro Sánchez, si no se abre una investigación y se depuran las responsabilidades políticas. Otro indicio de la gravedad de la crisis radica en la reunión de los responsables de Presidencia de ambos ejecutivos el pasado domingo en Barcelona. A ERC le viene bien, porque así planta cara a las recurrentes críticas de Junts y CUP sobre la blandura de su estrategia negociadora y su falta de firmeza ante el Gobierno español en la exigencia del ejercicio del derecho de autodeterminación.

La intervención de las comunicaciones privadas sin autorización judicial resulta una flagrante vulneración de un derecho fundamental que, en un Estado de Derecho, exige ser investigada, aunque ignoramos si se realizó bajo cobertura legal. En cualquier caso, se observa una cierta impostación en la reacción mediática y política del movimiento independentista. Al menos si se la compara con la manera como estos partidos vetaron en el Parlament, mientras ellos eran espiados por Pegasus, la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a políticos y periodistas contrarios a la secesión por parte de una unidad de élite de los Mossos d'Esquadra.