Desde el 14 de abril: jueces contra la República

No han sido pocos los libros que han incidido en la identificación de los enemigos de la República, los más montaraces y aquellos que fueron dando la cara contra las sucesivas reformas legales, sociales, económicas, laborales, penales, educativas, militares y religiosas de los gobiernos socialistas y azañistas o del Frente Popular. También fueron enemigos de la República los que querían una revolución social sin atajos, pero al fin y al cabo los más letales acabaron siendo los militares reaccionarios, los nostálgicos de la monarquía, los fascistas a la española y los católicos integristas. Eran muchos y poderosos, pero en la lista faltaba asentar uno más. Los jueces. Una mayoría de ellos.

Cuando la investigación histórica deja de estar en constante revisión se convierte en erudición improductiva o en información desfasada. Eso no ocurre con los períodos de la historia que duelen en nuestro presente. Ahí acuden recurrentemente los historiadores, pero también los pseudohistoriadores y los malos revisionistas. Malos son los que, para alentar las ventas, publican libros que huelen a rancio, no aceptan los hechos históricos y no aportan documentación alguna. Son revisionistas negacionistas. Pero tampoco es de recibo ese revisionismo académico pretendidamente desmitificador que organiza su aparato crítico de manera parcial para cuestionar la naturaleza democrática de los gobiernos y parlamentos de la República, acusándolos de actuar sin control jurisdiccional y, de paso, atropellando al poder judicial so pretexto de reformarlo. En esa complicada ecuación se omiten incógnitas.

¿Los jueces fueron neutrales y respetaron la separación de poderes? Eso no se había revisado todavía. ¿Cómo pudieron ejercer los jueces el poder que les otorgaba una Constitución que detestaban? Era necesario indagar en ello sin anacronismos, sin prejuzgar aquella época desde la altura moral de la nuestra, sin arrojar hacia atrás las interpretaciones politológicas que hoy se hacen de Montesquieu. Había que explorar, a ras de archivo, con fondos judiciales y libros de sentencias, la actuación real de los jueces. Y es eso lo que ha realizado un joven historiador, Rubén Pérez Trujillano, en dos libros que a su vez inducen a la historiografía académica a revisar algunas ideas convenidas sobre el desarrollo conflictivo de la experiencia republicana: 'Ruido de togas. Justicia política y polarización social durante la República (1931-1936)' (Tirant lo Blanch, 2024); y 'Jueces contra la República: el poder judicial frente a las reformas republicanas' (Dykinson, 2024). Ahí queda descubierta y explicada la fuerte oposición que mostraron los jueces hacia el reformismo republicano. Mantuvieron su idiosincrasia clasista y chocaron soterradamente con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Se enfrentaron a la secularización del Estado, a la autonomía regional, al control jurisdiccional de la policía, a las competencias de los Tribunales Industriales y los Jurados Mixtos de Trabajo, al tiempo que redirigían de manera retorcida la Ley de Vagos y Maleantes. Quizás ahora se vea de otra manera que la República también quisiera reformar un aparato de justicia encastillado.

Apenas se había examinado la hipótesis de los jueces como 'escollos' del régimen republicano, aunque se denunciaba que no aceptaban el marco constitucional. Anclados en una concepción preconstitucional heredada de la Restauración y la Dictadura, eran incapaces de asumir la función de la Administración de Justicia en una democracia. Muchos de ellos hostilizaron sañudamente a la República. En 1936 fue un diputado conservador, Ángel Ossorio, el que puso énfasis en un hecho incontrovertible. La judicatura mantenía «desasistida» a la República: «Son muy pocos los togados que, ni ahora ni antes, han mostrado estimación a la democracia triunfante el 14 de abril».

El 'partido judicial' existía de facto. Con sus decisiones y sentencias levantaron los jueces una especie de 'constitución material' que se enfrentaba a la 'Constitución normativa' aprobada en diciembre de 1931. Los jueces intervinieron decisivamente en la crisis de la República como Estado constitucional, social y democrático de Derecho. Fue aquella una enemistad activa y contraproducente para la suerte de la República. «El ruido de togas y el ruido de sables coincidieron, se solaparon, se tocaron», aunque la tinta de las sentencias no fuera tan cruel como la pólvora de las armas.