'Patchwork' educativo

Como suele decirse, para muestra un botón. En este caso, observando la Lomloe aprobada en 2020 por iniciativa de la ministra Celaá cuando declara: «Las administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas que en esta ley se declaran gratuitas». Y comparándola con el 'patchwork' gubernamental: «La Administración educativa debe aportar los recursos públicos para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas».

Sí, ambos textos dicen lo mismo. Y gracias a ello nos podemos enterar de que el derecho a una educación gratuita en Euskadi ya estaba amparado por la ley. Aunque sorprenda al consejero Bildarratz, lo está expresamente desde la archiconocida LODE de 1985, que establecía incluso la posibilidad de suspensión de la financiación al centro educativo por «impartir las enseñanzas objeto del concierto contraviniendo el principio de gratuidad». O bajo normativa propia, desde el decreto 293/87 del Gobierno vasco, a iniciativa del entonces consejero José Ramón Recalde, por el que se aprobó el Reglamento de Conciertos Educativos en nuestra comunidad.

Nada de lo que anuncia el Gobierno vasco con su anteproyecto es una novedad en Euskadi en materia de derechos educativos. Teníamos antes y tenemos ahora derecho a una educación libre, justa e igualitaria, gratuita y participada. Y lo tenemos por normas comunes y propias, que no se aplican debidamente por falta de voluntad y de concreción. Lo que toca es ejercer nuestra capacidad competencial de planificación (que para eso la asumimos) y ajustar en la legislación soluciones concretas a los problemas de segregación y bajos rendimientos que nos caracterizan. Por eso, habría estado bien que en lugar de remendar declaraciones formales, el Ejecutivo hubiera planteado formulaciones eficaces para resolver estos problemas que nos lastran de forma sustancial. Alguna había en el acuerdo alcanzado en abril en el Parlamento vasco, pero nadie hallará su rastro en el texto.

Y lo peor es que hay una voluntad de que sea así. No, seguramente, por un revanchismo partidista de eliminar el legado socialista en la educación vasca. De hecho, los tijeretazos del anteproyecto alcanzan también a normas promulgadas bajo consejerías nacionalistas como la de Pedro Miguel Etxenike (sobre las lenguas oficiales que ahora se obvia) o la de Inaxio Oliveri (que amplió la investigación y evaluación educativa hoy suspendidas).

Lo que pretende este nuevo diseño legal es precisamente ser suficientemente escaso para que después el Ejecutivo haga y deshaga sin que nadie pueda pedir soluciones, exigir responsabilidades, ni recurrir en amparo. Por eso, para analizar el 'patchwork', no solo hay que ver qué retales ha escogido el Gobierno vasco, sino también cuáles ha despreciado. Y lo primero que destaca es la desaparición del sentido rector de la Ley de la Escuela Pública Vasca, iniciativa del consejero Fernando Buesa. El anteproyecto gubernamental es capaz de ensalzar la «concepción antropomórfica de las tecnologías disruptivas» (que vaya usted a saber qué quiere decir), pero no de enfatizar como derecho de cualquier estudiante «la culminación con éxito del proceso educativo» que declara el artículo 14 de la ley todavía vigente.

Consecuentemente con el cambio de orientación, otra cuestión fundamental también aparece desdeñada: el carácter vehicular de las lenguas. En el anteproyecto no aparece ninguna mención ni a la estructura actual de modelos lingüísticos, ni a que se pueda estudiar alguna materia en ambos idiomas oficiales (euskara y castellano) y en idioma extranjero, aunque el Ejecutivo sí ha encontrado espacio para nuevos y paradójicos requerimientos de euskara para el alumnado como para el profesorado, por ejemplo. Los currículos que, sin alcanzar el Boletín Oficial, se han remitido a los centros como norma de rango legal cierran asimismo la posibilidad de vehicular aprendizajes también en una lengua distinta del euskara, por lo que con apenas disimulo, se establece un modelo de lengua única para todo el alumnado.

Un error habitual al confeccionar un 'patchwork' es mezclar tejidos de alta calidad con otros que no lo son y que destiñen a las primeras de cambio. Y ese es otro rasgo evidente de la costura del Gobierno vasco, que casa algo aprovechable con lo que es inservible. Ignorante de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestras necesidades educativas, desleal con el acuerdo político alcanzado en el Parlamento y silenciado su socio de Gobierno, la sastrería de Lakua ha hilvanado su faena. Pero con su 'patchwork' no solo no nos abrigaremos mejor, sino que ni siquiera servirá para tapar nuestras vergüenzas.