Los parias de la tierra

ETA hizo prácticamente lo mismo en la tregua de 2006, que rompió con un atentado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas al colocar una furgoneta bomba en el aparcamiento. La fecha, un concurrido 30 de diciembre. En esa ocasión murieron dos hombres ecuatorianos que, por no tener, no tenían ni un sitio para dormir dignamente, ya que habían pasado la noche en sus respectivos coches. Diego Armando Estacio había nacido en el barrio marginal de Machala, en Ecuador, en una casa con ladrillos desnudos y agujeros en las ventanas.

Carlos Alonso Palate fue el otro hombre que murió bajo los escombros de ese pulso sangriento que ETA diseñó. Carlos era de un pueblo de los Alpes ecuatorianos, lleno de polvo y rodeado de piedras. Picaihua se llama. Su madre viajó hasta Madrid para identificar el cuerpo de su hijo. Era la primera vez que salía de su pueblo porque, pobre hasta las cachas, era Carlos quien alimentaba a toda su familia.

En su delirio, el IRA trató además de imponer una especie de seguridad pública propia. En ese trabajo al que se dedicaron con mano dura actuaban contra los robos y el consumo drogas. Pero, violentos como eran, el exceso solía imponerse a su orden.

ETA en esto no fue tampoco muy original. En su particular estrategia de seguridad pública, se dedicó a matar a personas a las que acusaba, en la mayoría de las ocasiones sin fundamento, de chivatos o traficantes. Así fue engordando la lista de damnificados por su locura. Juzgaban como lo hacían los tribunales militares del franquismo: ellos eran los jueces, marcaban las normas a seguir, no cabían pruebas contrarias ni existía un esfuerzo probatorio, no había posibilidad de recurso y, por supuesto, la sentencia estaba decidida de antemano. Alguien era chivato, policía secreta o camello que colaboraba con la Guardia Civil porque ETA lo decidía, y nada más.

En 1973 ETA mató a los jóvenes gallegos Fernando Quiroga, José Humberto Fouz y Jorge Juan García porque, estando en San Juan de Luz, los confundieron con policías. Sus cuerpos, 48 años después, aún están desaparecidos.

En 1981, otros tres chicos jóvenes que iban vendiendo libros a domicilio en Tolosa -Pedro Conrado, Juan Manuel Martínez Castaños e Ignacio Ibarguchi- fueron asesinados al ser confundidos también con policías.

Al panadero gallego que vivía en Rentería Cándido Cuña le intentaron matar dos veces: una en 1979 y otra en 1983. La acusación no podía ser más estrambótica: vender pan a la Guardia Civil. A Luis Domínguez Jiménez lo mataron en Bergara en 1980 por ser «amigo de guardias civiles». En 1983, en Irún asesinan a Lorenzo Mendizábal porque en su carnicería compraban guardias civiles. Ramón Díaz fue asesinado con una bomba lapa puesta en su humilde Ford Orion en el año 2001 porque era cocinero en el cuartel de Loyola, nada más, solo por eso.

El pueblo guipuzcoano de Pasajes es oscuro y lluvioso, hecho de inmigración y marineros. En 1985 Ángel Facal, Gelín, con 42 años, iba todas las tardes a comerse un bocadillo a un bar decadente del pueblo. Se quedaba fuera porque aprovechaba para liarse un porro y fumárselo. Delgado, con el pelo desarreglado y de barba larga, Ángel caminaba por el pueblo arrastrando los pies porque su dependencia de las drogas le pesaba más que la lluvia que caía incesante. A eso se dedicaba, a encontrar algo de dinero para comprarse el bocadillo y el hachís para el día, aunque últimamente se había pasado al caballo, hasta que el 26 de febrero Idoia López Riaño, 'la Tigresa', le pegó un tiro en la cabeza. Gelín ya no volvería a ese bar a comer ese bocadillo porque ETA le había acusado de ser un instrumento de la represión del Estado opresor, a él, que no tenía ni para merendar en un bar viejo de su pueblo.

Cuanto más absurda era la acusación, más miedo se generaba y más intimidatorio se volvía el ambiente. El terror actúa como un disolvente de la libertad porque en el miedo, en la cabeza gacha, es donde crece con comodidad. Esos asesinatos de gente común buscaban precisamente eso, que todos fuéramos cobardes porque la pistola y la lengua acusatoria podían apuntarte en cualquier momento.

Así que, entre acusaciones de tráfico de drogas y chivateo que estiraron hasta el infinito, ETA aplicó su propia justicia popular a docenas de personas. Una actitud que a veces escondía una chapuza evidente y otras el ánimo de ejercer un control social dictatorial. Porque también los parias de la tierra estuvieron bajo el yugo de ETA.