Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
La mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat avanza a fuego lento. Después de numerosos aplazamientos por conveniencia electoral, ambos ejecutivos se reunieron la pasada semana en Madrid. Mientras el Gobierno se compromete a superar la judicialización y la defensa del ... catalán, el Govern asume que la actividad política debe llevarse a cabo «de acuerdo con las instituciones y procedimientos democráticos». La novedad es escasa más allá de la foto, pues la Moncloa asume unas propuestas que el PSC ya defiende y cada uno interpreta a su manera el concepto de «democracia».
Por primera vez en años se ha dejado de escuchar aquello de que a la vuelta del verano espera un otoño caliente en Cataluña. La guerra de Ucrania, una inflación desbocada y el acercamiento entre el PSOE y ERC han desactivado una movilización y un cabreo que no irán más allá de las movilizaciones habituales por mucho que lo intenten Junts, la CUP, Òmnium o la ANC. Incluso después de la suspensión de Laura Borràs, apenas se han convocado unas manifestaciones que hace años sucedían a diario.
La simple existencia de la mesa de diálogo ha conseguido el objetivo de alejar el conflicto de sus momentos de máxima tensión. Sin conocer cuál es la solución ideal, sí que parece que una negociación entre los dos ejecutivos es mejor idea que suspender la autonomía catalana, la brutalidad policial del 1 de octubre o tener Barcelona en llamas. Sin embargo, aunque esta mesa concluya con algún tipo de acuerdo, aspirar a que la cuestión catalana deje de cronificarse en el tiempo es irreal, pues arrastra siglos de historia y así seguirá, con momentos de mayor y menor intensidad.
El coste y desgaste político que supone la mesa para ambos ejecutivos es grande. El compromiso del PSOE por avanzar hacia una solución dialogada deteriora sus perspectivas fuera de Cataluña. Basta con ver los resultados de las últimas elecciones autonómicas en Madrid, Castilla y León o Andalucía, frente a los votos conseguidos por Salvador Illa. Al Gobierno le convendría que ERC no vendiera como una victoria lo acordado entre ambos. Sin embargo, los republicanos necesitan rentabilizar su apuesta por el diálogo ante la negativa de su socio de Gobierno a implicarse en el mismo.
El próximo gran reto de la mesa es la reforma del delito de sedición, para lo que no hay ni se avista la mayoría necesaria. Sin embargo, si esta comunicación entre ejecutivos aspira a abordar el conflicto más allá del ámbito judicial, deberá afrontar el reto de plantearse el encaje político de Cataluña. La propuesta de Esquerra es clara: un referéndum que lleve a una república catalana independiente. Queda por ver cuál es la propuesta de un PSOE que cabalga entre la España multinivel, la federal y las promesas de traer a Puigdemont a España en campaña electoral. La cercanía de los próximos comicios y un Congreso que ya está en sus últimos compases dificultan que estos proyectos puedan llevarse adelante a corto plazo. No obstante, una llegada del PP a la Moncloa o de Junts a la presidencia de la Generalitat aniquilaría el entendimiento entre ambos gobiernos.
Las elecciones municipales del próximo año medirán la salud de ambos integrantes de la mesa. El Ayuntamiento de Barcelona será donde todos los partidos concentren sus esfuerzos, pero la capacidad de ERC para penetrar en los 'cinturones rojos' de las ciudades, históricamente socialistas, es lo que puede cambiar un mapa electoral catalán que lleva años estancado.
Junts, descabezado ante la destitución de Laura Borràs por corrupción y la inhabilitación de Jordi Turull, todavía no asume la pérdida de un poder que creía patrimonial, hasta el punto de atreverse a agredir a los trabajadores de la televisión pública porque una entrevista no es de su agrado. Junts cabalga entre un identitarismo rancio que necesita el conflicto para sobrevivir, un pragmatismo que le lleva a acusar a ERC de alta traición por pactar con el PSOE -mientras ellos hacen lo propio en la Diputación de Barcelona- y las cenizas de Convergencia, que emergen con cada defensa de suprimir el impuesto de sucesiones.
El cese de Laura Borràs vuelve a convertirse en un nuevo elemento de confrontación dialéctica entre los socios del Govern. De momento, los choques solo son performativos y el Gobierno catalán ha sacado adelante todos sus proyectos trascendentes. Sin embargo, Pere Aragonès pactó con la CUP una cuestión de confianza que debería tener lugar en menos de un año, si es que esta continúa en la agenda tras la negativa de los anticapitalistas a aprobar los Presupuestos de la Generalitat. Las elecciones municipales también calibrarán la fuerza del experimento ideado por Carles Puigdemont y su autonomía para caminar hacia una ruptura con ERC al grito de vendepatrias.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.