'Okupas' institucionales

Un elemento común a todas las instituciones reseñadas, que en el momento actual están teniendo un protagonismo político muy destacado, es que a día de hoy tienen agotado, total o parcialmente, su mandato. Así, todos los miembros del Tribunal de Cuentas finalizaron el periodo para el que fueron elegidos el pasado día 23. En el caso del Tribunal Constitucional, un tercio de sus miembros sigue ocupando sus puestos a pesar de haber agotado su mandato hace más de año y medio; y el próximo año debería renovarse otro tercio de sus integrantes sin que haya ninguna certeza (más bien todo lo contrario) de que tal renovación vaya a ser posible en su totalidad si siguen las cosas como hasta ahora. Por lo que se refiere al CGPJ, ha prorrogado su mandato mas de dos años y medio, más de la mitad del periodo (cinco años) para el que fue elegido en 2013.

En términos coloquiales podríamos decir que estos órganos están copados por lo que cabe calificar como 'okupas' de las instituciones, que siguen en ellas después de haberse sobrepasado ampliamente el periodo para el que fueron designados. En un Estado democrático de Derecho no solo se accede a los cargos públicos de acuerdo con lo establecido en la ley sino que, además, todos los cargos tienen un periodo de duración, fijado en las propias normas, que no puede ser burlado. En caso de que sea así, como está ocurriendo, estamos ante una grave anomalía institucional (por emplear una palabra suave) cuyas repercusiones en el funcionamiento del sistema político no deberían ser ignoradas. Sobre todo cuando estas anomalías institucionales no se limitan a ocasionales casos puntuales sino que afectan decisivamente a instituciones claves del Estado.

De todas formas, el mayor problema que plantea una situación como la que se está dando en el momento actual es que la anomalía que supone la insólita instalación de estos peculiares 'okupas' en instituciones tan cualificadas no es producto de circunstancias imprevisibles que escapan a nuestra voluntad sino que, por el contrario, es la consecuencia directa de la actuación deliberada, y manifiestamente irresponsable, de quienes tienen reservado un papel estelar en nuestra vida pública. No se trata de que quienes están llamados a negociar la renovación de las instituciones no lleguen, después de haberlo intentado, a un acuerdo sino que hay una parte que, simple y llanamente, se niega a participar en negociación alguna si no se aceptan las condiciones que impone.

Unas condiciones que, además, son variables y van cambiando al compás de la evolución de la coyuntura y de los inesperados lances que continuamente se suceden en el animado escenario político en el que nos movemos. Así, se ha dicho (y escrito) que la presencia de comunistas en el Gobierno hacía imposible tratar sobre la renovación de los órganos constitucionales; como, asimismo, tampoco lo hacía posible la presencia de golpistas y separatistas en la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno; los indultos también fueron otro de los impedimentos esgrimidos para negarse a tratar sobre la sustitución de los cargos que ya han agotado su mandato. Y últimamente se recurre a Europa, que según su versión de los hechos nos obligaría a modificar previamente el sistema de elección de los miembros del CGPJ.

El resultado de este bloqueo de la renovación de cargos institucionales no es otro que la progresiva proliferación de 'okupas' en tan cualificados órganos constitucionales: magistrados del TC, consejeros del CGPJ, miembros del Tribunal de Cuentas, por mencionar solo a los que tienen relación con el tema objeto de estas líneas. Con la particularidad de que en este caso los 'okupas' no son precisamente unos perroflautas callejeros desamparados, sino que todos lucen lustrosos galones en la jerarquía institucional; en la que además de estar férreamente protegidos ante cualquier incidencia que cuestione su estatus, cuentan también, como se está poniendo de relieve en estos momentos, con un decisivo respaldo político que impide cualquier cambio en su privilegiada situación.

Todo parece indicar que, tal y como están las cosas, no va a ser nada fácil desbloquear la insólita situación de 'okupación' institucional a la que hemos llegado en el momento actual. Es un asunto al que convendría dedicar algo de atención ya que de prolongarse en el tiempo (ya se ha prolongado bastante) va a tener efectos muy dañinos para el sistema institucional en su conjunto. No estaría de más que nos ocupemos (sin 'k' esta vez) de ello en este paréntesis vacacional, a la espera de que cuando se inicie el nuevo curso tengamos fuerzas y, sobre todo, sentido común para emprender la necesaria operación de 'desokupación' institucional que no es posible aplazar.