![Personas de pleno derecho](https://s1.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/2024/01/31/opi-melgosa-k5XD-U2101389317733MvE-1200x840@El%20Correo.jpg)
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La Ley de Infancia y Adolescencia representa, sin duda, un hito para Euskadi. En primer lugar, por lo que supone para el Parlamento o el Gobierno vasco al alcanzar un gran acuerdo de los grupos parlamentarios, que hemos aparcado nuestras diferencias y nos hemos centrado ... en trabajar acuerdos bajo los criterios de responsabilidad de país. La protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia es una responsabilidad compartida que trasciende cualquier división partidista. Así que permítanme decir que hemos estado a la altura. Y, en segundo lugar, porque redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Entre todas y todos hemos conseguido un marco legal fuerte y sólido. Una ley que otorga derechos a las personas menores y que parte, precisamente, de esa premisa: las niñas, niños y adolescentes son personas, y como tales tienen plenos derechos. El detalle semántico adquiere una notoria relevancia. Hablamos ya de personas menores, no 'simplemente' de menores. Porque, en Euskadi, cada niña, cada niño y cada adolescente es titular de sus propios derechos y no un sujeto de protección. Puede parecer baladí, pero en realidad es toda una declaración de intenciones.
Las personas menores tienen derecho a ser oídas y a participar de manera autónoma en la sociedad y en las políticas públicas que afecten a sus derechos y deberes. Hablamos de un sistema integral que aborda todos los aspectos de su vida, garantizando su seguridad y su desarrollo pleno. Se establece el concepto de buen trato, ligado al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley aboca a políticas y acciones orientadas a favorecer el conocimiento, respeto y ejercicio efectivo de sus derechos, así como a la creación de condiciones adecuadas para su desarrollo pleno, incluyendo formación, difusión y sensibilización.
Son tres los criterios clave que impregnan toda la norma: integralidad, transversalidad y corresponsabilidad. Mientras que los ejes de actuación se centran en la promoción, prevención e intervención en situaciones perjudiciales para el desarrollo y la protección de estas personas, tanto en casos de violencia como de desprotección en el ámbito familiar.
Asimismo, la ley identifica cuatro áreas principales de actuación:
1. La atención a niños, niñas y adolescentes en situaciones perjudiciales no asociadas a violencia o desprotección.
2. La protección frente a la violencia en diferentes ámbitos.
3. La protección en casos de desprotección debida al incumplimiento de deberes parentales.
4. La intervención socioeducativa con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, con medidas orientadas a intervenir y educar en casos de delitos.
Establece también la creación de órganos e instrumentos para tal fin. De esta manera, contaremos con un órgano interinstitucional, con un consejo vasco, con un foro y con el Sistema Vasco de Información sobre la Infancia y la Adolescencia. La finalidad de estas herramientas será recopilar datos e indicadores que apoyen la planificación y el desarrollo de políticas transversales.
El texto contiene, además, algunas interesantes novedades de las que ya se ha hablado estos días, como la prohibición de que se incluya la imagen de personas menores en publicidad de tabaco, alcohol, bebidas energéticas o 'fast food'. Hay también un compromiso para potenciar el deporte femenino. Y la adopción y el cuidado se convierten en más inclusivos al reconocer los diferentes tipos de familia.
Antaño, niñas, niños y adolescentes eran como una 'propiedad' de sus progenitores; a partir de ahora serán personas con derechos propios. Y esta transformación filosófica está profundamente arraigada en la necesidad de una sociedad justa y equitativa que reconozca a las y los menores como ciudadanas y ciudadanos plenos, aunque estén en fase de desarrollo. Lo que sembremos en nuestras niñas, niños y adolescentes, lo recogerán en su etapa adulta y se lo devolverán a la sociedad.
En definitiva: una ley en beneficio de nuestra infancia y adolescencia.
En este punto, no puedo más que agradecer el gran trabajo de todas y cada una de las personas que han facilitado la aprobación de esta ley. Comenzando por nuestro equipo de la Dirección de Familias e Infancia, que ha sabido recoger las aportaciones de los diferentes departamentos del Gobierno vasco implicados, de otras instituciones públicas, de los colectivos sociales, de personas expertas, y, finalmente, de los partidos políticos. Cada conversación, cada aportación, cada interés por mejorar el contenido ha sido bienvenido. De este trabajo ha salido una ley extensa, sin parangón a nivel estatal. Una norma para reconocer a las menores como personas con derechos propios. Entre todos y todas, para todos y todas.
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