Acuerdos responsables para la acogida desde la frontera sur

El número de llegadas a Canarias, por la inestabilidad en los países de origen y en particular en el Sahel, dobla las cifras de 2023. Y todo indica que su ritmo aumentará cuando, en un mes, comiencen a mejorar las condiciones meteorológicas para la travesía. Y tanto Canarias como Ceuta están ya desbordadas. Su capacidad de acogida, sobre todo de personas menores de edad, ha superado el límite.

Esta situación nos interpela y requiere de inmediato un acuerdo responsable que comprometa a la Unión Europea, al Gobierno español, las comunidades autónomas y a Euskadi.

Euskadi es una sociedad de acogida. De hecho, 761 personas menores de edad que emigraron sin sus familias se encontraban acogidas por las diputaciones forales el pasado julio, 34,29 por cada 100.000 habitantes. La cuarta mayor ratio del Estado, solo superada por Ceuta, Canarias y Melilla. Además, cada vez más personas llegan con diecisiete, dieciocho o más años y también para las mayores de edad impulsamos recursos de acogida e inclusión. Solo el programa Trapezistak atendió a más de 600 en 2023.

Las instituciones vascas, el Gobierno vasco y las diputaciones forales, en diálogo con el Gobierno español, trabajamos hace semanas en la elaboración de un plan de contingencia que ofrezca una respuesta realista, adecuada y estable a estas necesidades de acogida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y su evolución. Una respuesta a la que sumar las capacidades de todas las instituciones, ante una situación, como ya hemos apuntado, extraordinaria, cooperando desde las competencias propias de cada una.

Alcanzar acuerdos requiere dejar de subrayar las diferencias, orientarse al interés general y adoptar principios compartidos. Así, un acuerdo responsable debe descansar en la legalidad internacional, en la defensa y promoción de los derechos humanos, tanto en los países de origen como durante el tránsito, y en el principio ético de tratar a otras personas como quisiéramos que nos trataran.

Un acuerdo responsable, o corresponsable, debe además gozar de estabilidad, adecuarse a las competencias de cada institución, promoviendo para ello la cooperación de todas, y resultar viable para las sociedades de acogida y para las personas y familias que emigran; solo así las necesidades y capacidades de las primeras posibilitarán las oportunidades y proyectos de vida de las segundas.

A partir de estos principios estamos diseñando el plan de contingencia. Un plan que permita adaptar la respuesta a las necesidades y su evolución sin sobrepasar las capacidades de la sociedad vasca.

Debemos tener claro que, para que el acuerdo sea estable y viable, ha de basarse en la solidaridad y la cooperación multinivel: dentro de cada sociedad, entre regiones y naciones del Estado y Europa, y con los países de origen. Y que ha de descansar en la capacidad de acogida que toda sociedad tiene y en las competencias de cada institución, sin perjuicio de disponer de apoyos económicos de terceros para desplegarlos en situaciones de crisis o particular necesidad, en función de su grado de compromiso con la acogida. Debe tener, sin lugar a dudas, una dimensión económica y, por ende, reflejo presupuestario.

El acuerdo exige también que el Estado español y la Unión Europea lleven a cabo un esfuerzo mayor y más coordinado en política exterior y de fronteras, además de impulsar una migración más ordenada. Un aspecto en el que desde Euskadi podemos intervenir también a través de convenios de colaboración con los países de origen, tal y como lo acaban de hacer Canarias y Senegal. Además, el Estado y la Unión Europea deben ofrecer apoyos para la acogida en un contexto de flujos migratorios crecientes y crisis humanitarias, así como promover la acogida en todos los países de la Unión (propuesta Share). No olvidemos que la frontera sur lo es de toda la Unión Europea y el compromiso con una acogida, necesariamente responsable, también ha de serlo.