Cuando la norma no es ética y viceversa

Yo tenía un profesor durante un postgrado que realicé que nos contó la masacre de My lai, un ataque contra civiles el 16 de marzo de 1968 durante la Guerra de Vietnam. El oficial al cargo, el teniente William Calley, ordenó bombardear la zona. El resto es una historia de pesadilla y dolor. El oficial de helicópteros Hugh Thompson Jr. intervino junto a su tripulación para parar aquella atrocidad contraviniendo las órdenes de su superior.

La noticia sólo se publicó en el pequeño periódico 'Dispatch News Service'. Estos hechos nunca tuvieron condena, pero siguen causando conmoción y tristeza. La inmoralidad de este crimen de guerra debería ser relatado en todas las universidades del mundo.

¿Dónde se encuentra la ética de la Administración? Afortunadamente, hace tiempo que la jurisprudencia a nivel internacional ha ido modulando el concepto y tenemos el artículo 33 del Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional).

En un plano local, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, resulta muy necesaria tras años de lagunas legales en este tema.

La finalidad de la norma es la de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.

Existe un cuerpo funcionarial -muy denigrado en los últimos tiempos, dicho sea de paso- que son los habilitados nacionales -secretarios, interventores y tesoreros de Administración local-, que trabaja cada día con muchas dificultades técnicas, logísticas y de personal. Sus integrantes son los encargados de fiscalizar la actuación de los gobiernos locales. Y, créanme, a veces no es fácil. Si le pusiéramos un título en ocasiones sería: 'Cómo un habilitado luchó solo frente a todo el poder y acabó denigrado y vapuleado por la prensa'.

Me he empeñado en contar en varios artículos cuál es la situación de estos funcionarios. Les animo a ver la película de José Luis Garci 'Luz de domingo', donde un secretario de un pequeño pueblo tiene que enfrentarse a los caciques locales para lograr la legalidad. Pero ningún artículo de opinión ni ninguna película podrá narrar las historias de asedio a las que a veces son sometidos estos veladores de la ley. Las hemerotecas están llenas de estos funcionarios siendo denunciados -qué ironía- por quiénes han sido fiscalizados -y no les ha gustado-, casos de depresión, de ansiedad y de aislamiento mientras los poderes públicos no hacen nada por regular estas situaciones.

En definitiva, no queda otra opción en sociedades democráticas que la norma sea ética y que la ética prevalezca en los textos.

Si no podemos salvar el mundo, por lo menos que las normas nos dejen salvarnos a nosotros mismos.

Twitter @nataliafhn