Un siglo del golpe de Primo de Rivera

El golpe de Estado terminaba con la legalidad constitucional, de lo que era consciente el general: su manifiesto aseguraba que «habríamos querido vivir siempre en la legalidad». Sin embargo, el golpe militar no fue rechazado por la opinión pública, que en conjunto fue favorable o al menos pasiva. Se debía al deterioro de la Restauración. Muchos confiaron en que la dictadura erradicaría el caciquismo, saneando la política.

El régimen creado por Cánovas del Castillo, basado en la manipulación electoral, no consiguió abordar los principales problemas de España ni integrar a las nuevas fuerzas que surgían a fines del XIX, como el movimiento obrero o los nacionalismos catalán y vasco. La inestabilidad se agudizó tras la crisis de 1898. El empuje y radicalización del catalanismo, los apuros derivados de la ocupación de Marruecos y los nuevos problemas sociales dieron pie al regeneracionismo. Se generalizaba la idea de que era imprescindible una «regeneración» nacional.

El regeneracionista Joaquín Costa acuñó el concepto «cirujano de hierro», una personalidad excepcional que curase los males que aquejaban a España. Primo de Rivera, que echó mano de la argumentación regeneracionista, se identificó con esa figura.

Desde 1917 la crisis del sistema era abierta. Estallaron tres problemas: el descontento militar reflejado en las Juntas de Defensa, la huelga general revolucionaria y un movimiento político contra el anquilosamiento constitucional, representado por la Asamblea de Parlamentarios que se reunió en Barcelona a instancias de la Liga Regionalista. Las convulsiones se producían en un áspero contexto en el que proseguía la Primera Guerra Mundial y triunfaba la Revolución rusa: todo presagiaba grandes transformaciones.

Sin embargo, lo que desencadenó el golpe de 1923 no fue la crisis social, política o regional, aunque constituyeron su telón de fondo. Fue consecuencia de los problemas derivados de la ocupación colonial del norte de Marruecos. En julio de 1921 había tenido lugar la humillante derrota en la batalla de Annual. En septiembre de 1923 se iba a presentar a las Cortes el informe Picasso sobre el desastre. Según los rumores, hablaría de incompetencia militar, de corrupción o de la participación del Rey. Muchos militares comenzaron a pensar en un golpe de Estado: argumentaban que iban a ser el chivo expiatorio de un desastre provocado por los políticos.

El golpe fue relativamente sencillo. El 12 de septiembre Primo de Rivera publicó su manifiesto y comunicó por teléfono al monarca que se ponía al frente del pronunciamiento de la guarnición de Barcelona al grito de «¡Viva el Rey!» y «¡Viva España!». El día 13, ante la ambigüedad del Rey, García Prieto, presidente del Gobierno, presentó la dimisión. Alfonso XIII encargó formar nuevo Ejecutivo a Primo de Rivera. Posiblemente, el Rey compartía el afán por una política renovadora. En el golpe de Estado pesó la toma fascista del poder por Mussolini, producida el año anterior en Italia.

Primo de Rivera no derogó la Constitución, pero restringió derechos civiles, lo que la dejaba sin efecto. Disolvió las Cortes y creó un Directorio Militar. Restringió la libertad de prensa y prohibió el uso de lenguas distintas al castellano, así como la exhibición de símbolos nacionalistas. Restauró el orden público y tuvo éxito en Marruecos, tras el desembarco de Alhucemas de 1925. Intentó después perpetuar su régimen, con un Directorio Civil. La dictadura, inicialmente concebida como una situación de excepción, quiso institucionalizarse. Se basaría en la Unión Patriótica, un partido («reunión de hombres de todas las ideas») que quería agrupar a la derecha española.

Inicialmente la dictadura tuvo apoyos relativamente amplios -incluyendo el de UGT-, pero los intentos de reforma social fueron limitados. No llevó a cabo tampoco reformas agrarias, por su estrecha relación con grupos terratenientes. A partir de 1926 perdió respaldos. En 1930, tras la dimisión de Primo de Rivera, se quiso volver al funcionamiento constitucional. No fue posible. El fracaso de la dictadura acabó con el reinado de Alfonso XIII, que se había implicado en una solución inconstitucional.