El harakiri del decreto de perfiles lingüísticos

A pesar de este pésimo inicio, hemos tratado de proponer y argumentar, pero nos hemos encontrado con un muro. Una viceconsejera anclada a una opaca concertación social con ELA y LAB, tanta veces denostada por ellos. Mientras tanto, se rechazaban casi todas las propuestas acordadas en los organismos vascos consultivos oficiales (Consejo Económico y Social y Consejo de Relaciones Laborales).

Llevamos años defendiendo, en bastantes administraciones casi en solitario, la política lingüística del Estatuto de Gernika y de la Ley 10/1982 del Euskera, a pesar del lamentable desamparo de no pocos gobernantes que están incumpliendo las normas lingüísticas vascas acordadas. Además, la mayoría de nuestras propuestas han sido rechazadas: euskaltegis a precio de escuela de idiomas (75€), liberaciones para aprender euskera al personal de subcontratas al que se le extienden exigencias sin recibir ayuda, desplegar la evaluación continua en euskaltegis, medición transparente de la demanda real de servicios públicos con perspectiva lingüística, valoración de los niveles A1 y A2 en cumplimiento del pacto en la Agenda Estratégica del Euskera, perfiles exclusivamente orales, perfiles de solo comprensión (en la línea de Euskaraldia) y mecanismos para el respeto de los índices de obligado cumplimiento sobre exigencia de perfiles.

Vamos a centrarnos en las cuatro regresiones adicionales que se mantienen en el decreto y que resumen bien el harakiri como país, y hasta como coalición gubernamental, de consumación inminente.

Se pretende que los exámenes de oposición se realicen obligatoriamente en euskera. Una imposición que rompe la igualdad a la hora de mostrar conocimientos profesionales no lingüísticos y de cuya ilegalidad ya han advertido hasta organismos gobernados por el PNV. Suponemos que se corregirá, en vez de seguir la senda victimista de tomar medidas a sabiendas de que son ilegales, para luego hacerse el agraviado.

Segunda: pretenden puntuar en oposiciones los perfiles superiores a los del puesto (hasta un C2 para un puesto de bedel o administrativo). Sin perfil, las opciones de conseguir plaza ya son remotas. Ante eso, se propone incrementar aún más el valor como mérito de los perfiles. ¿A quién beneficia privilegiar en el acceso al empleo público al 8,8% de la población adulta que tiene el nivel C1 y al 0,3% que tiene el C2?

Tercera: se pretende exigir perfiles lingüísticos hasta en las fundaciones de investigación orientadas a captar personal científico internacional. ¿A quién beneficia una política científica endogámica restringida a quienes pueden acreditar de entrada los perfiles superiores?

Y, por último, se pretende subir el nivel exigido al personal médico y de enfermería: del actual B2 al C1. A pesar de que el Consejo Vasco de Colegios Médicos pidió hace un año «una revisión de la exigencia de perfil lingüístico con el fin de poder atraer médicos y médicas». La respuesta de la viceconsejera es subir la exigencia, agravando uno de los principales problemas de nuestra sanidad pública. ¿A quién beneficia una política de contratación que relega y ahuyenta a profesionales esenciales sin perfil, degradando aún más la atención en Osakidetza?

La posible aprobación de este decreto es un harakiri contrario a principios que deberían ser esenciales, como la pluralidad, la prosperidad y el bienestar social. No podemos avalar la pretensión de excluir laboralmente a muchos sectores sociales y, por tanto, empobrecer y mutilar nuestro país, y menos que lo promuevan nuestros gobernantes, o ante su silencio cómplice. Pero que no haya duda: tras años de diálogo tramposo, y en medio de una lamentablemente reveladora cascada de conflictos judiciales en los 'procesos de estabilización', aprovechados para purgar ilegalmente a personal interino con décadas de antigüedad, para CC OO de Euskadi nada será ya igual. Ante esta deriva que dinamita los pactos lingüísticos, nos tendrán enfrente.