La justicia restaurativa

La propuesta de la justicia restaurativa es la expresión más radical de la privatización del delito terrorista. La solución queda encerrada exclusivamente entre el asesino y su víctima, en la búsqueda del arrepentimiento y solicitud de perdón y la concesión por parte de la víctima. Lo político del acto terrorista no existe. Esta forma religiosa de borrar el pecado puede que sea reconfortante para algunas víctimas, pero es ajena a la esencia del terrorismo y su faceta política, su motivación básica. Es el final de 'Patria'. Al tratarse de un acto privado limitado al hecho material del crimen, la política queda absuelta. Las razones políticas que motivaron el asesinato quedan fuera de toda responsabilidad.

La justicia restaurativa no deslegitima el terrorismo porque ni siquiera lo pretende; opera en otro ámbito, exclusivamente privado. Además, ¿quién tiene que pedir perdón, el miembro del comando que ha sido mero instrumento o los que le apoyaron y aplaudieron en su día? ¿Quién es más responsable, la pistola humeante o la ideología que le hizo disparar?

Ninguna política pública que pretenda hacer frente a nuestro pasado terrorista se puede basar en esta estrategia. La violencia terrorista no fue ni es sólo un asunto de los comandos, fue un fenómeno político amplio en el que todos hemos estado involucrados de alguna manera. La más general, que no podemos negar, es que lo hicieron en nuestro nombre y porque la inmensa mayoría fue colaboracionista de forma activa o pasiva, cerrando los ojos al dolor ajeno, no queriendo enfrentarse a él. La resistencia ciudadana fue mínima, casi exclusivamente de los concejales de pueblos, del PSE y del PP. Y es de destacar la traición de la 'intelligentsia' vasca: muy pocos profesores, escritores o periodistas se atrevieron a alzar la voz y algunos lo pagaron con su vida.

Karl Jaspers diferencia entre culpa criminal y culpa política. La culpa criminal se restringe a los hechos criminales y compete a la Justicia su resolución. La culpa política se refiere a la responsabilidad de las instituciones y las colectivas de la sociedad que permitió que ocurriera.

El nacionalismo, en especial el PNV, se está negando a reconocer la responsabilidad colectiva en el apoyo y colaboración con el terrorismo de ETA.

De Gaulle definió a la sociedad francesa como «resistente», apropiándose los resistentes reales que sí hubo. Durante la ocupación la inmensa mayoría no eran Jean Moulin, pero De Gaulle se apropió de la figura de Jean Moulin para extender su ejemplo a todos los franceses y absolver la colaboración.

La posición del PNV es más cicatera e inmoral. Dice que la resistencia de una «sociedad vasca» indeterminada fue la que venció a ETA. Pero se niega a reconocer el papel de héroes, de los pocos hombres y mujeres justos que, también, existieron en Euskadi y no se resignaron a renunciar a la libertad común frente a ETA; eso sí, en una soledad absoluta. Por eso el PNV se niega a poner caras y nombres a esas personas justas que sí fueron resistentes con el riesgo de su vida.

El no reconocimiento de la culpa política bloquea toda posibilidad de superar el pasado terrorista, y sobre todo, impide el consenso social necesario para incorporar la experiencia trágica en nuevos valores éticos y políticos que impidan que vuelva a suceder.

La batalla principal que tenemos planteada ahora mismo en Euskadi es la condena pública del terrorismo como perversión política, sus motivaciones, e impedir la reivindicación pública o la exhibición de sus símbolos legitimadores. Se utiliza de forma recurrente la fórmula de que estos actos públicos del mundo de Bildu «humillan a las víctimas». Plantearlo en estos términos me parece eludir la verdadera naturaleza de estos actos, como los recibimientos de presos al son del txistu y grupos con banderas. El objetivo de los recibimientos públicos de los presos no es humillar a las víctimas -esto es mera consecuencia-, es mucho peor: su objetivo es la reivindicación del pasado terrorista, la legitimación de la ideología política que lo motivaron.

Señor lehendakari, su función no es darnos sermones morales domingueros, sino proclamar que el uso público de símbolos del terrorismo y la reivindicación del terrorista son un ataque a la libertad y no tienen el amparo de la legalidad constitucional. Su función debiera ser impedir, con los medios de su Gobierno, que esto ocurra. Dejarlo en manos de los jueces es una dejación vergonzante.