Año judicial y nuevo curso político

Pero más allá de esta sincronía temporal político-judicial, que no deja de ser sintomática, lo que tiene especial interés es la coincidencia temática en las cuestiones en torno a las cuales giran las controversias políticas y las judiciales, lo que hace que las dinámicas en ambos terrenos estén entremezcladas de forma tal que resulta muy difícil la distinción y el tratamiento diferenciado de cada una de ellas. En este sentido, es muy ilustrativa la intervención de la primera autoridad judicial del Estado, Carlos Lesmes, con motivo de la reciente apertura del año judicial, así como el tratamiento informativo que ja tenido esta intervención del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.

Lo primero que llama la atención es que, en un acto de carácter netamente judicial, los problemas propiamente judiciales -que los hay, y muy importantes- queden relegados y apenas sean objeto de tratamiento. La agilización del funcionamiento de los juzgados y tribunales, la adecuación de las plantillas judiciales a las necesidades o la precarización laboral de buena parte del personal que trabaja en este ámbito son temas que no pueden ser soslayados al hacer el balance anual de la actividad judicial. Como tampoco todo lo relativo a los nuevos retos derivados de los cambios sociales, que es preciso afrontar por una Administración de Justicia que, para ser realmente efectiva, también debe evolucionar al compás de los cambios que vienen produciéndose en la sociedad.

La escasa atención dedicada a los asuntos propiamente judiciales, ineludibles en un acto como éste, ha sido compensada con la profusión de referencias a cuestiones relativas a lo que hoy constituyen los puntos más controvertidos de la agenda política partidaria. De forma destacada, el problema de la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial, bloqueada desde hace más de mil días por la negativa de la principal partido de la oposición a abordar esta cuestión si no se cambia antes la ley que regula la elección de sus miembros de acuerdo con sus pretensiones (antes fueron otros los motivos: presencia de comunistas en el Gobierno, de golpistas y separatistas en los apoyos parlamentarios de éste o cualquier otro según la coyuntura del momento).

A la vista de los comentarios y de las reacciones suscitadas en torno al acto de apertura del año judicial, todo induce a pensar que nos hallamos ante un nuevo episodio de lo que se conoce como 'lawfare' (o guerra jurídica), marcada por el protagonismo estelar de todo lo que tenga relación con el Poder Judicial. O, dicho de otra forma, que los asuntos judiciales, tanto por lo que se refiere a la configuración del órgano de gobierno de la Judicatura como en relación con la intervención de los tribunales para dirimir conflictos con claras connotaciones políticas, van a seguir ocupando un lugar central en el escenario institucional del curso que ahora comienza.

No es este el marco más idóneo para garantizar la estabilidad institucional, que hoy por hoy constituye uno de los principales problemas a afrontar y que nada indica que las actitudes que se vienen adoptando contribuyan a su solución. No cabe desconocer, por otra parte, que en los próximos meses la peculiar 'lawfare' judicial a la que asistimos desde hace algún tiempo va a tener ocasión de manifestarse en todo su esplendor con la persistencia del bloqueo del CGPJ y, muy especialmente, con las resoluciones judiciales pendientes sobre una serie de recursos planteados en torno a pasadas decisiones del Gobierno: desde el estado alarma hasta los indultos del 'procès', pasando por la designación de la fiscal general del Estado, la ley Celaá, la del aborto… y todo lo que se mueva en este animado escenario político y judicial.

La forma como ha dado comienzo este curso no hace sino reproducir lo que ya viene siendo habitual en los últimos tiempos. Pero conviene advertir que la prolongación indefinida de situaciones como la que venimos arrastrado desde hace mas tiempo del debido acaba pasando una factura que se hace más difícil de pagar cuanto más se prolonguen. Más aún cuando el problema no se ciñe a una decisión puntual sobre un asunto determinado, sino que afecta al funcionamiento del sistema institucional en su conjunto, como está ocurriendo, lo que plantea dificultades añadidas a la hora de adoptar cualquier medida para hacer frente de forma efectiva a los nada fáciles problemas derivados de una situación como la actual, marcada todavía por los efectos de una pandemia que dista mucho de haber sido superada por completo.