Las jubilaciones incendian Francia

Compromiso electoral del jefe de Estado, la prolongación de la vida laboral de los 62 a los 64 años llega en un clima de alta crispación económico-social. Panaderos, carniceros, lavanderías y restaurantes viven estrangulados por las facturas de la electricidad; los médicos liberales esperan el aumento de sus tarifas; los hospitales saturados acusan bajas y sobrecargas extenuantes; los controladores ferroviarios -por libre- pararon en Navidad y nadie quiere ser enseñante... Los franceses están confrontados a una fuerte inflación y a la degradación de sus servicios públicos. Arrastran la fatiga de un primer quinquenato de crisis no resueltas, un sentimiento de desubicación entre las clases medias y de subordinación en las populares. Bien atizados estos elementos, pueden confluir en la contestación social o alimentar más resignación y apatía existencial.

El activismo del presidente galo crece al ritmo de las crispaciones. «¡Póngase en el lugar de la gente!», presiona a los miembros de su Gobierno para evitar que los «profesionales del miedo» se sirvan de los quebrantos ciudadanos para ampliar sus audiencias populistas y las filas reaccionarias. Su jefa de Gobierno, sin mayoría absoluta, ha compuesto la reforma según las exigencias de la derecha tradicional, Los Republicanos. Son los únicos aliados del macronismo en este proyecto. Concede situar la edad de jubilación a los 64 de aquí a 2030 y no a los 65 inicialmente pretendidos. Aumenta las pensiones más bajas hasta los 1.200 euros brutos porque LR cree «indigno que un gran país como Francia» pague pensiones inferiores. La medida sobre la edad viene acompañada del aumento de cotización requerida para disfrutar de la pensión completa: se pasa de 42 a 43 anualidades.

Con la reforma de las jubilaciones, el Ejecutivo pretende ahorrar 20.000 millones de euros anuales de aquí a 2030 para financiar otras prioridades. Esa cifra va a pesar estrictamente sobre los más modestos. Para disfrutar de una pensión completa, una persona de 62 años actuales con estudios a nivel de máster y que haya empezado a trabajar a los 23 necesita alcanzar los 65 años para completar sus 42 anualidades. En nada le afectan los desplazamientos de la edad de retiro. Tampoco ve forzada su contribución a la financiación universal de las pensiones. Por el contrario, aquellos que empezaron su vida laboral con 19 o 20 años -casi siempre en puestos difíciles- acabarán cotizando 45 o 46 años mínimos cuando cierren el recorrido obligatorio. Obreros y empleados soportarían desiguales recaudaciones. Por eso se acusa a Macron de inventar el impuesto regresivo cargándolo exclusivamente sobre los menos titulados.

Las condiciones de la reforma cohesionan a los sindicatos unánimemente, apoyados por toda la izquierda. ¿Por qué la variable trabajo es la única que se considera en el reajuste de la financiación del retiro? De entrada, el jefe del Estado ha excluido el aumento de las cotizaciones de asalariados y empresarios en este reequilibrio. La obstinación del máximo mandatario de descartar la fiscalidad le reafirma ante las organizaciones sindicales como «el presidente de los ricos». La Reunificación Nacional (RN) de Marine Le Pen denuncia también «una reforma injusta que piensa bloquear» en el Parlamento.

La votación será en febrero. Borne, que viene abusando de los decretos-ley, opta por un procedimiento intermedio que permite al Gobierno limitar los debates en la Asamblea y en el Senado. En el marco de un proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social rectificador, si el examen en el primer hemiciclo patina, el texto se remite a los senadores del Estado. Borne no concibe el debate parlamentario como «el foro en que cada representante de Nupes (Nueva Unión Popular Ecologista y Social, la oposición izquierdista a Macron) presenta mil enmiendas. La voluntad de construir es otra cosa».

En los bastidores del poder, los temores se centran en dos factores que sí pueden endurecer el rechazo al proyecto. Primero, la izquierda pretende recuperar el electorado popular succionado por la extrema derecha lepenista. Su denuncia de «la brutalidad» del plan promete. Y segundo, la irrupción de movimientos espontáneos desbordando a los sindicatos puede llevar a la movilización masiva. El espectro de 'chalecos amarillos 2' quedó patente en el reciente bloqueo de las refinerías.

Borne conoce la hostilidad hacia su proyecto, no descarta incorporar claves de justicia social y sabe de la inmensa entrega al trabajo de sus compatriotas. El texto no está cerrado. Su capacidad de escucha debe imponerse a los ventajistas del momento.