Ley de Infancia en Euskadi: un año transformando el futuro

Aunque muchos hayamos dejado atrás esa etapa vital, esta ley también nos interpela como sociedad. Conocerla con mayor profundidad permite comprender la urgencia de hacer realidad todo su potencial. Se trata de un texto que marca un antes y un después al abordar la infancia y la adolescencia desde una visión integral y multisectorial. Una de sus novedades más relevantes es reconocer a cada niño, niña y adolescente como sujeto de pleno derecho, es decir, un ciudadano o ciudadana más, no un mero objeto de protección. Este enfoque conlleva un mayor protagonismo de su papel en la familia y la comunidad, generando espacios para su participación en todos los asuntos que les conciernen, incluidas las políticas públicas que afectan a sus derechos.

Aunque a menudo se piense que la infancia y la adolescencia son ámbitos bien definidos, su realidad es transversal a multitud de áreas públicas: servicios sociales, salud, educación, justicia o incluso el ocio y el tiempo libre. Por ello, la ley sostiene que la mejor manera de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes es promover su autonomía, subrayando su derecho a que sus voces y perspectivas sean escuchadas y tenidas en cuenta. Esto no implica atribuirles responsabilidades que no les corresponden, sino la necesidad de acompañarles para asegurar su pleno desarrollo y el cumplimiento de sus derechos.

Además, el sólido marco legal que establece la ley propone grandes avances en prevención, promoción de derechos y protección, teniendo como base la participación infantil. También subraya que el interés superior de cada niño, niña y adolescente que vive en Euskadi debe prevalecer y estar bien integrado en cualquier legislación, proyecto o normativa que les afecte de forma directa o indirecta. En ese sentido, destaca la responsabilidad colectiva y coordinada como fundamento para garantizar sus derechos.

Ahí es precisamente donde se juega el éxito o el fracaso de su aplicación: en la coordinación interinstitucional, interdepartamental e interagencial. Esa transversalidad y responsabilidad compartida requieren una nueva mirada competencial, que se apoye en el esfuerzo colectivo y la colaboración entre todos los actores implicados. Fue precisamente así como vio la luz esta ley, fruto de la cooperación con diversos órganos consultivos de los que Unicef forma parte. Y de este modo fue también como entró en vigor el pasado agosto, tras lograr un amplio consenso político. Esa es la forma de seguir construyéndola para que sea lo más sólida posible, de manera conjunta.

Todo este esfuerzo de integración y coordinación no solo busca disponer de un marco legislativo coherente, sino ser más eficaces en algo tan decisivo como la detección precoz de situaciones de vulnerabilidad en la infancia. De hecho, el texto trae consigo una innovación sustancial a la hora de definir qué ha de entenderse por «vulnerabilidad a la desprotección», pues contempla circunstancias y dificultades personales, familiares o sociales que, pese a no suponer aún una amenaza evidente, podrían derivar en desprotección. Gracias a esta nueva perspectiva se refuerza la prevención, procurando actuar antes de que se produzcan daños irreparables en el desarrollo físico o psicológico de niños, niñas y adolescentes.

La ley consagra finalmente el principio de prioridad presupuestaria, con recursos suficientes y sostenidos en el tiempo que, además, irán acompañados de indicadores que faciliten un control efectivo de la inversión en infancia y adolescencia. Solo así se logrará que su aplicación sea una realidad, la mejor apuesta posible para el futuro de nuestras comunidades.

En Euskadi contamos con los medios políticos, sociales y financieros necesarios para traducir estos avances en acciones tangibles que impulsen a niños, niñas y adolescentes hacia su pleno desarrollo. Tenemos a nuestro alcance una gran oportunidad. No la desaprovechemos.