El Guggenheim de Urdaibai y la participación ciudadana

Pero, además, Urdaibai, es zona de especial protección para las aves (ZEPA) y zona de especial conservación (ZEC), categorías de protección del Derecho de la Unión Europea (Directivas 2009/ 147 y 92/ 43, respectivamente), lo que exige la adopción de medidas específicas para salvaguardar los valores que han justificado esa calificación.

En esa localización donde se pretende la construcción del museo, la Diputación Foral de Bizkaia ha insistido en un proyecto en concreto y en un emplazamiento específico (unos antiguos astilleros), junto con algunas actuaciones que se encuentran actualmente en una fase de evaluación de impacto ambiental, concretamente la pasarela que discurre hasta el propio emplazamiento, integrada en un proyecto de restauración ambiental y cultural del estuario superior de la ría de Oka.

Sorprende de la lectura de los medios de comunicación que el proyecto esté tan definido, lo que nos lleva a contemplar la compatibilidad del mismo con las exigencias del Convenio de Aarhus antes señalado, sobre todo en lo que respecta a la participación del público en la toma de decisiones en materia de medio ambiente.

Decimos esto porque, en el supuesto de proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental, como sería el caso del Guggenheim 2, se deben adoptar medidas para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando «todas las opciones y soluciones sean aún posibles» y cuando aquel «pueda ejercer una influencia real». Desde la Diputación Foral de Bizkaia se ha indicado que, para concretar el proyecto, son necesarias «unas tareas anteriores» como la modificación de planes urbanísticos, trabajos de descontaminación o un proceso participativo.

Pues bien, el Convenio de Aarhus, que cuenta con un Comité de cumplimiento que recibe quejas sobre las infracciones de sus normas, señala que la participación del público en una fase posterior, es decir, cuando ya se han tomado ciertas decisiones, no puede rectificar su ausencia cuando todas las opciones estaban aún abiertas. Una vez que ya se ha tomado la decisión de permitir una actividad en un lugar determinado, sin participación del público, preverla en las demás fases del proceso de decisión no cumple con ese requisito temprano de participación, es decir, cuando todas las opciones estén abiertas. Esto sucede incluso si se va a realizar una evaluación completa del impacto ambiental de un proyecto.

De acuerdo con el Comité de cumplimiento, prever la participación de la ciudadanía solo en la evaluación de impacto ambiental la reduce a comentar cómo se podría mitigar el impacto de la instalación sobre el medio ambiente. Ahora bien, esto impide que se puedan hacer aportaciones acerca de si el proyecto del que se trate debería estar allí, en primer lugar, puesto que esa decisión ya se habría tomado.

Estas conclusiones pueden tener su traslación al caso del museo Guggenheim 2 y posiblemente deberían hacer reflexionar a las instituciones concernidas, ya no solo sobre su posible realización, sino sobre la cuestión previa y esencial de que exista un cauce, que no parece que haya habido hasta la fecha, para que la ciudadanía afectada participe para determinar si el proyecto de museo y las instalaciones que le puedan acompañar, otro tipo de proyecto o ninguno en particular, debe llevarse a cabo en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Es evidente que el Guggenheim 2 debe respetar el Convenio de Aarhus en toda su extensión.