No es 'lawfare', es justicierismo

El ideal de la separación de poderes se encuentra, en cualquier edificio constitucional, en constante tensión. Hasta ahora conocíamos dos de esas tensiones. Las denominábamos 'politización de la Justicia' y 'judicialización de la política'. Ambas siguen vigentes, pero a ellas se han añadido otras dos.

Una consiste en el mencionado 'lawfare'; término que, de acuerdo a lo dicho, evitaré en lo posible. Lo que con él se quiere designar consiste en una estrategia que ha de satisfacer tres requisitos. Primero, ha de estar dirigida conscientemente por alguien. Segundo, ha de involucrar no solo a uno o varios jueces, sino también a uno o varios medios de comunicación. Tercero, el objetivo es acabar con la trayectoria política de un rival político. A mi juicio, el nombre más adecuado sería 'destrucción mediático-penal' del adversario. Es una construcción larga y algo farragosa, lo sé, pero es mejor que 'lawfare', que, hasta donde yo veo, no se entiende.

La destrucción mediático-penal es un delito, y uno muy grave. En el Código Penal, los tipos involucrados serían sobre todo el de prevaricación judicial (artículo 404) y el de publicación calumniosa (artículo 206). ¿Ocurre en España? Sí. Se ha aplicado con especial saña contra Podemos y contra el independentismo catalán. Hay al menos un exjuez en la cárcel por ese delito, Salvador Alba, que intentó destruir la carrera de Victoria Rossell y, de hecho, casi lo consigue.

Se trata, sin embargo, de un delito especialmente difícil de probar. Del lado judicial, implica nada menos que la corrupción del juez. Del lado mediático, se ha de demostrar voluntad de mentir conscientemente; algo que, estando en juego la libertad de información, resulta muy complejo. Creo evidente, con todo, que casos como los amañados por Villarejo o por Jorge Fernández Díaz son ejemplos palmarios de ese delito. Presuntamente, por descontado, hasta que haya sentencia firme.

Pero lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo -y en otros tribunales- no es exactamente eso, sino otra cosa. Hay una visión muy ingenua de las relaciones entre el Derecho y la política, una que Montesquieu atrapó a la perfección con la metáfora del juez como 'boca' de la ley. De acuerdo a la misma, los jueces carecen, en cuanto jueces, de valores, de ideología y de cualquier rastro de subjetividad, y su deber, también muy hermoso, consiste en limitarse a aplicar la ley. Son la boca de la ley, pero no deciden el contenido de la misma, del mismo modo que un altavoz -que sería sin duda la metáfora que utilizaría hoy el insigne barón- no decide la canción que suena, limitándose a reproducirla.

Todo lo que sea apartarse de ese ideal va en contra de la democracia liberal y de la separación de poderes, y lo que ocurre hoy en el Tribunal Supremo tiene que ver con eso. Algunos jueces parecen haber decidido aplicar no la ley, sino lo que ellos consideran justo. Que ellos, como millones de españoles, consideren que la ley de amnistía es palmariamente injusta resulta muy legítimo. Pero que trasladen esa consideración a sus resoluciones judiciales bordea el delito.

¿Es 'destrucción mediático-penal' del adversario? No, es otra cosa. Yo lo denominaría 'justicierismo'. Ocurre cuando los jueces deciden, conscientemente o no, aplicar no 'la ley', sino 'La justicia', con mayúsculas. Una justicia que no puede ser la democrática, porque la justicia democrática solo es la plasmada en la ley aprobada por el Parlamento y revisada cada cuatro años, se esté de acuerdo con ella o no.

A Marchena y compañía no les mueve -como al exjuez Alba o, presuntamente, al exministro Fernández Díaz- un ánimo destructivo, sino, muy al contrario, una arraigada intuición de qué es 'lo justo'. Creen injusto e injustificable que Puigdemont sea absuelto. Pero lo único que, desde un punto de vista democrático, pueden hacer al respecto es, en cuanto ciudadanos, intentar que haya otras mayorías que, tras las siguientes urnas, cambien la ley. Jamás retorcer, en cuanto jueces, la ley a su capricho personal, algo que encaja muy bien con el patrón del justiciero del Far West, pero en absoluto con el ideal del juez democrático que recoge nuestra Constitución.