Política penitenciaria

El bochorno fue muy celebrado por ministros y ministras, que se pusieron en pie para mostrar su regocijo ante las ocurrencias infames de su colega; entre aquellas, la vicepresidenta Nadia Calviño, que aspira a un puesto institucional como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Después de este vergonzoso episodio, saludado por los coros gubernamentales como una genial decisión táctica, que un concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid se atreva a propinar tres palmadas amenazantes en la cara del alcalde Almeida entra dentro de la lógica incivil que los socialistas han dejado claro que quieren introducir en la vida pública española.

Ocurrió que mientras Puente arruinaba a golpe de calumnia cualquier posibilidad de relación con el primer partido de España, el Tribunal Constitucional denegaba la suspensión de la condena a los culpables de los ERE en Andalucía, el monumental episodio de corrupción económica y política, el de mayor dimensión, con cientos de millones de euros malversados por, entre otros, dos presidentes socialistas de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista.

Porque, entre las singularidades de la situación presente, una de las más llamativas es la familiaridad con la que el Partido Socialista y el propio Gobierno ahora en funciones se relacionan con el delito y hasta qué punto tratar con el delito se ha convertido en una de sus ocupaciones más destacadas de gestionar.

Veamos. En esa pretendida mayoría de progreso se integran condenados en firme por delitos que van desde la desaparecida sedición y la malversación hasta el enaltecimiento del terrorismo. Junqueras, Otegi, Aizpurua, Puigdemont... forman el entorno delincuencial en el que se mueve la negociación para la investidura. Es un dato objetivo, comprobable y notorio. Que todos ellos, y alguno más, sean interlocutores incorporados a la rutina de las relaciones del PSOE, que se reproche cualquier observación crítica hacia las responsabilidades de estos personajes, es un indicador deprimente de lo dicho. Tan deprimente como debe de resultar a otros muchos socialistas que desde el propio partido y sus aledaños mediáticos se recuerde la «cal viva» para silenciar a Felipe González evocando las actividades de los GAL.

Buena parte de las energías del Gobierno en la anterior legislatura tuvieron que emplearse en la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, dos delitos. Y si Sánchez se convierte en presidente del Gobierno no hay duda de que será porque el PSOE ha aceptado y va a protagonizar la amnistía que borre los delitos cometidos por los actores del proceso secesionista catalán.

Otro delito, la agresión sexual, también ha enredado al PSOE y su socio gracias a una ley que constituye un escándalo cotidiano, un daño irreversible y una muestra abrumadora de incapacidad técnica y errado dogmatismo. Para mayor agravio, la violencia contra las mujeres adquiere este año un nivel particularmente trágico con un número de asesinatos que supera ya a estas alturas del año las cifras de ejercicios precedentes.

Por un lado y por otro, lo delictivo se ha convertido en un tema central en la vida pública española, una verdadera prevalencia temática que se ha incorporado al tejido del Gobierno. Hasta tal punto es así que los Presupuestos Generales del Estado se han negociado en cárceles y que una vicepresidenta del Gobierno ha acudido a reunirse con un prófugo en el Parlamento Europeo. No, no es normal, ni aceptable, ni 'normalizable' que tal nómina de delincuentes convictos, presuntos delincuentes fugados, delincuentes indultados -pero delincuentes, al fin y al cabo- y delincuentes en espera de amnistía formen parte del pelotón de gobierno, negocien leyes a su medida e impongan condiciones que serían inasumibles en cualquier país con una mínima articulación cívica.