Sí, es el final

El fallo del TGUE es una reivindicación en toda regla de la Justicia española y del propio Parlamento Europeo en la medida en que el recurso ponía en cuestión la regularidad del procedimiento, la objetividad y el respeto a las garantías de los afectados. La sentencia es demoledora. Rechaza uno por uno los ocho motivos alegados por Puigdemont para pedir la anulación del acuerdo recurrido. Las alegaciones más importantes eran la falta de competencia del Tribunal Supremo para pedir el levantamiento de la inmunidad y la existencia de persecución política ('fumus persecutionis') como causa del procedimiento penal en el que los fugados quedaron incursos.

Y sin embargo, la reacción de Puigdemont ha sido encerrarse en su permanente estado de negación. «Nada acaba, todo empieza ahora», y para mayor desvarío afirma que su condición de 'perseguido político' «ha quedado acreditada» en la sentencia que precisamente la niega.

¿En qué mundo vive Puigdemont? La respuesta es simple: en el mismo mundo en el que se instaló el secesionismo, engañándose y engañando sobre lo que podía esperar de Europa. De Europa el secesionismo esperaba la deslegitimación de España como Estado democrático y un progresivo reconocimiento de los pretendidos derechos nacionales de Cataluña, lo que, cuando menos, forzaría una negociación constitucional entre Barcelona y Madrid.

Nada de eso ha ocurrido. Todo lo contrario. Ni España ha quedado retratada con esa imagen falsa de un Estado en el que el independentismo -que gobierna en Cataluña- es perseguido, ni el secesionismo catalán, sedicioso para más señas, ha encontrado más simpatías que las del aparato propagandístico y de desinformación de Rusia, cuya interferencia en los hechos de septiembre y octubre de 2017 ha quedado acreditada.

Puigdemont puede agarrarse a nuevos recursos, ya que el fallo del TGUE puede ser llevando ante el Tribunal de Justicia, pero su causa está perdida. Ha querido dejar en evidencia a un Estado democrático y a un Parlamento que examinó su caso con imparcialidad, no prejuzgó sus posibles responsabilidades penales y simplemente dio vía libre para que se dirigiera contra él un procedimiento penal sobre cuyas garantías no hay ninguna reserva con mínimo fundamento.

Después de un fallo como este, teniendo en cuenta, además, que las credenciales de Puigdemont y sus compañeros de fuga no han sido verificadas por el Parlamento Europeo porque no han cumplido con los requisitos que establece la legislación española para acceder a la condición plena de diputado comunitario, parece muy dudoso que el Tribunal de Justicia acceda a una nueva suspensión cautelar, en este caso de la sentencia que se acaba de emitir. En otras palabras, el Tribunal de Justicia puede admitir a trámite el recurso pero mantener a Puigdemont sin inmunidad, lo que abriría la puerta a su entrega a España mediante una nueva euroorden.

Ante ese panorama, Puigdemont tiene tres opciones: esperar su probable entrega a España, volver voluntariamente para ser detenido y juzgado o huir a un país tercero, fuera de la Unión Europea, para seguir alegando su pretendida condición de perseguido político e intentar evitar su extradición. En cualquier caso, Puigdemont está condenado a ser un personaje fantasmagórico, víctima de su propio delirio. Su esperanza es llegar a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en junio del año que viene, y repetir como eurodiputado.

Ante el fraude sistemático a la Justicia y la instrumentalización del mandato parlamentario solo para beneficiarse de la inmunidad que lleva asociada, lo que habría que plantearse es si sujetos que se encuentran en esta situación, procesados por delitos graves y prófugos pueden presentarse a unas elecciones. En cualquier caso, Puigdemont ya ha perdido. Aunque no lo reconozca y busque prolongar su delirio, este sí es el final.