Poder Judicial y mediación europea

Esta insólita mediación revela hasta dónde ha llegado la degradación de nuestro sistema político. España no está en condiciones de garantizar por sí sola el normal funcionamiento de sus instituciones y ante el bloqueo de un órgano constitucional, el CGPJ, tiene que recurrir a instancias supranacionales para garantizar el cumplimiento de la Constitución.

En este contexto, es preciso advertir una vez más que tan importante como la renovación es la reforma del CGPJ. El Gobierno insiste en lo primero y acusa al PP de incumplimiento de la Constitución por bloquear su renovación. El PP subraya la necesidad de la reforma -aunque cuando pudo acometerla con su mayoría absoluta en el Congreso no lo hizo para poder beneficiarse también de un reparto de vocalías favorable- y bloquea ilegítimamente la renovación. De nada serviría renovar el CGPJ como se ha venido haciendo; esto es, repartiendo las vocalías entre los partidos en función de su representación parlamentaria. Es lo que ha ocurrido desde que en 1985 se estableció la elección parlamentaria de los veinte vocales (frente al sistema anterior que atribuía a los jueces la designación de 12 vocales).

Lo que el mediador debe garantizar, en primer lugar, es que el PP y el PSOE renuncian al sistema de cuotas y renuevan el Consejo con vocales independientes y sin vinculación partidista. Esto es fundamental porque el futuro CGPJ será el más poderoso de su historia: nombrará a un tercio de los magistrados del Tribunal Supremo, que acumula ya 24 vacantes, y cubrirá decenas de cargos por decidir en audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia.

Una vez desbloqueado el órgano, la mediación debe garantizar también el compromiso del PP y del PSOE de reformar el CGPJ atendiendo las indicaciones del Consejo de Europa (especialmente, del Grupo de Estados contra la Corrupción y de la Comisión de Venecia) y de la propia Unión Europea. Lo que los estándares comunitarios exigen es que la mayoría de los vocales sean elegidos por los jueces.

Una renovación no partidista del Consejo supondría ya un avance formidable, pero debe venir acompañada del compromiso de reforma del sistema de elección. Resulta imposible proceder simultáneamente a ambas operaciones y de ahí el recelo del PP. La mediación de la Comisión Europea tiene, desde esta óptica, una función de aseguramiento del cumplimiento del pacto. El eventual incumplimiento de la segunda parte del acuerdo (compromiso de reformar el sistema de elección al que estaría vinculada la renovación) desautorizaría completamente al Gobierno de Sánchez ante la Comisión Europea.

La mediación europea se produce en un contexto en el que la independencia del Poder Judicial sufre ataques nunca vistos. En el Congreso de los Diputados se profieren injurias y calumnias contra magistrados concretos ante la pasividad e indiferencia de la presidenta de la Cámara. Desde el Ejecutivo se acusa también a magistrados concretos de actuar por motivos políticos y al margen del principio de legalidad. El presidente del Gobierno se erige en juez supremo al determinar qué es y qué no es delito de terrorismo.

El último episodio de esta lamentable campaña de acoso contra el Poder Judicial es el anuncio de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para volver a la legislación vigente entre 2015 y 2020, impulsada y aprobada por el PP, que limitaba la instrucción judicial de los delitos a seis meses, salvo que el fiscal pidiera su prórroga. El PSOE se opuso entonces con toda razón a una norma que limitaba el poder de los jueces para la eficaz persecución de los delitos. Ahora, para satisfacer al prófugo de Waterloo, defiende esa arbitraria limitación. Nos encontramos con el enésimo intercambio de papeles entre el PP y el PSOE que pone de manifiesto cómo ambos han antepuesto siempre sus intereses partidistas al respeto de la independencia del Poder Judicial.

La mediación europea tiene en todo caso un positivo efecto colateral, que consiste en poner en el centro de atención del órgano de Gobierno de la Unión Europea el grave deterioro del Estado de Derecho que está viviendo nuestro país.