¿Justicia popular?

Estos días, en numerosas democracias consolidadas asistimos a ataques sin precedentes a la independencia judicial. Siendo conscientes de que no conviene relativizar los hechos del pasado con la 'reductio a Hitlerum', las declaraciones de muchos dirigentes políticos, en Estados Unidos, en Francia y también de forma clara y reiterada en nuestro país, parecen añorar y defender sistemas de 'justicia popular' como el que estuvo vigente en la Alemania nacionalsocialista, incompatibles con el modelo garantista del Estado de Derecho.

Empezando por nuestro país, al hilo del 'caso Alves', la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero hizo unas declaraciones que resultan incompatibles con el desempeño de su cargo: textualmente dijo que la presunción de inocencia no puede prevalecer sobre la declaración de la víctima de un delito. Ello supone ignorar la vigencia del derecho fundamental a la presunción de inocencia. A ella se han sumado una serie de dirigentes de partidos de extrema izquierda que han proferido descalificaciones inaceptables sobre el tribunal respectivo (integrado por tres magistradas y un magistrado, de sensibilidad progresista más que acreditada con relación a la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de delitos sexuales). Se trata de un episodio más en la lamentable campaña de acoso y derribo contra el poder judicial en la que se calumnia a jueces con nombre y apellidos acusándolos de prevaricadores. Alves fue condenado mediante una sentencia incongruente que realizó una valoración de la prueba arbitraria confirmando el juicio paralelo llevado a cabo en sede mediática y popular. La justicia popular condenó al futbolista y no se acepta que la justicia administrada por un poder judicial independiente y respetando las garantías del acusado llegue a la conclusión de la no culpabilidad.

Dejando a un lado la pretensión de Trump de destruir la democracia constitucional estadounidense aniquilando la división de poderes y atacando frontalmente a los jueces independientes que, en el ejercicio legítimo y obligado de sus funciones, controlan y paralizan las actuaciones más arbitrarias e inconstitucionales llevadas a cabo por el actual inquilino de la Casa Blanca, lo ocurrido estos días en Francia es también paradigmático. La dirigente del principal partido político de aquel país y que goza de mayor respaldo popular, Marine Le Pen, ha sido condenada por el delito de malversación (más de cuatro millones de euros). La ultraderecha francesa (y no solo ella) ha arremetido contra la justicia. El caso guarda paralelismo con los ataques a la Audiencia de Sevilla y a nuestro Tribunal Supremo que condenó también por malversación (en este caso de 600 millones) a varios dirigentes socialistas andaluces. En ambos casos, sus defensores apelan al hecho de que ni una ni otros se enriquecieron y que en todo caso tienen un amplio respaldo popular. Ambas circunstancias son ciertas. Pero lo relevante es que cometieron un delito grave que no requiere enriquecimiento personal y que las urnas no tienen el efecto de absolver delitos. Volvemos de nuevo a la defensa de sistemas de justicia popular incompatibles con el Estado de Derecho.

La justicia popular puede resumirse así: quien ha ganado las elecciones tiene el derecho a decir lo que es justo y lo que no lo es, lo que es delito y lo que no lo es, esto es, a absolver y a condenar. Así una alta autoridad del Gobierno de EE UU advirtió de que «parece que los jueces no se enteran de quién ha ganado las elecciones». De la misma forma, en Francia, Le Pen y sus partidarios apelan al hecho de que uno de cada tres franceses la respaldan. Y nuestra vicepresidenta Montero recuerda que Alves ha sido condenado ya en un juicio paralelo, popular (innecesario es recordarlo, sin garantías).

Esas tesis defendidas por políticos de diferente signo ideológico, fundamentalmente de extrema derecha y extrema izquierda, pero también de otros que no lo son (la vicepresidenta Montero en España o Sarkozy en Francia también atacan groseramente a la judicatura cuando dicta resoluciones que no les agradan) entroncan con la 'justicia popular' del Tercer Reich, según la cual los jueces estaban obligados a juzgar teniendo en cuenta «los sanos sentimientos del pueblo alemán». Justicia popular que no es sino suprema injusticia.