Elecciones y gobernabilidad

Los gobiernos de coalición presentan claras ventajas respecto a los monocolor. La primera es la disminución del riesgo de que el partido de gobierno incurra en prácticas corruptas al estar controlado desde dentro por los socios de la coalición. La segunda es la necesidad de moderar y matizar el programa de gobierno de una formación para integrar las propuestas de los socios. En muchos países de la Unión Europea lo habitual es que los ejecutivos sean de coalición. Las únicas coaliciones que merecen una valoración negativa son las que integran a partidos extremistas porque, en lugar de ampliar la base electoral del Gobierno, lo que hacen es permitir a los radicales (que son minoría) aplicar puntos de sus programas que son rechazados por la inmensa mayoría de ciudadanos.

Frente a esta defensa de los gobiernos de coalición, en el debate de hace una semana entre Sánchez y Feijóo, el líder del Partido Popular propuso a su adversario que ambos se comprometieran a permitir, con su abstención, la investidura del candidato del partido que más escaños logre. Parecida postura ha defendido recientemente el expresidente socialista Felipe González. En el contexto actual se entienden las razones que fundamentan esa defensa de que gobierne 'la lista más votada' pero conviene subrayar que la fórmula es en principio contraria a la lógica del sistema parlamentario de gobierno establecido por la Constitución. En el parlamentarismo no tiene sentido hablar de 'coaliciones de perdedores'. Si dos partidos suman 180 escaños (100 y 80 pongamos como ejemplo) y alcanzan un pacto de gobierno, nada se puede objetar a ello por más que exista un supuesto vencedor que haya obtenido 140 escaños.

Ahora bien, en el fragmentado y extremadamente polarizado escenario político, la defensa del principio de que gobierne 'la lista más votada' parece ser la única fórmula que permita, por un lado, garantizar la gobernabilidad del país y, por otro, evitar que esa gobernabilidad dependa de fuerzas extremistas como ha ocurrido los últimos años en España y se está viendo ahora en diversas comunidades autónomas (desde Valencia hasta Extremadura).

En todo caso, la credibilidad y efectividad de la propuesta requiere el cumplimiento de dos condiciones imprescindibles. La primera, aplicarse con carácter general. No vale decir la lista más votada cuando sea la mía, y cuando no ya pactaré con extremistas. La segunda, y en ello hizo hincapié Felipe González, es que debe ir acompañada de una serie de pactos o acuerdos sobre políticas de Estado que -a falta de un Gobierno de gran coalición, que sería la fórmula óptima para afrontar los retos y adoptar las reformas estructurales que requiere nuestro país- garanticen que el Ejecutivo en minoría podrá gobernar, integrando planteamientos y propuestas de la oposición.

En el debate, Sánchez rechazó la oferta de Feijóo. El presidente del PP debería sin embargo insistir en ella, y reconducir y rectificar en su caso todas las medidas adoptadas hasta hoy y que la contradicen. Y defenderla hasta el final, lo que podría conducir, si Sánchez se enroca en el 'no es no', a la repetición electoral. Unos nuevos comicios son mil veces preferibles a la formación de un Gobierno que se sustente en extremistas.

2024 será un año clave para el futuro de la democracia en Occidente por la coincidencia de elecciones en Rusia, Estados Unidos y al Parlamento europeo. Aunque en el lamentable y bronco debate del día 10 no se habló de ello, las dos divisiones o fracturas políticas más relevantes de nuestro tiempo son las que separan a los partidarios de la integración europea (PP y PSOE) de los soberanistas, bandos que coinciden con los defensores del liberalismo político y sus impugnadores, sean estos admiradores de Maduro o de Orban.

El PP y el PSOE, como partidos vertebradores del sistema, están obligados a entenderse. No deberían permitirse depender de fuerzas políticas -de extrema izquierda y extrema derecha- que, aun 'constitucionales' por estar integradas en el sistema, son abiertamente contrarias a los principios del liberalismo político. Durante los últimos cinco años, el Gobierno de España ha dependido de esos grupos. Existe un riesgo muy alto de que, tras el 23-J, el nuevo Ejecutivo sea también rehén de un partido antiliberal.