Golpe definitivo a la autonomía municipal

Más allá de los posibles compromisos que se deriven de las cumbres climáticas, tenemos un trabajo ingente sin salir de casa. Dos leyes en tramitación (Conservación del Patrimonio Natural y Administración Ambiental), otras en la recámara (Cambio Climático y Transición Energética, Movilidad Sostenible) y toda la planificación en plena ebullición, donde cabe destacar, sin ser exhaustivos, el nuevo Plan de Residuos, el Plan Sectorial de Energías Renovables o las adaptaciones a la emergencia climática de los planes energéticos (3E2030) y climáticos (Klima 2050), ambos obsoletos y con objetivos insuficientes.

Es en este difícil y complejo contexto en el que EH Bildu, asumiendo una responsabilidad acorde al tamaño del desafío histórico, está tratando de aportar soluciones y, con espíritu crítico pero constructivo, intenta incidir en la panoplia de herramientas que debemos desarrollar. De ahí deriva nuestro afán en enmendar y negociar planes y leyes, hasta lograr un acuerdo en la Ley de Conservación del Patrimonio Natural, acuerdo que lamentablemente no será posible replicar en la Ley de Administración Ambiental. Y no será posible porque el PNV, arrastrando al PSE, se ha empeñado en dar una patada al tablero de la planificación territorial y urbana. Y lo ha hecho de la peor de las maneras posibles, desfigurando la Ley de Ordenación del Territorio a través de la nueva Ley de Administración Ambiental. Es decir, por la puerta de atrás.

Los dos grupos que sostienen al Gobierno presentaron más de 100 enmiendas a su propio Proyecto de Ley de Administración Ambiental. Y entre tanta enmienda se escondía, como si fuera una más, la enmienda 61. Curiosamente, el contenido de la enmienda ni siquiera pretende modificar el proyecto de ley, sino que viene a modificar, decisivamente además, una ley distinta, la de Ordenación del Territorio (LOT). Curiosa carambola, ya que desde la todopoderosa consejería de Arantxa Tapia (que incluye Medio Ambiente) vienen a modificar una ley que afecta de lleno a la planificación territorial, en manos del consejero del PSE Iñaki Arriola.

¿En qué consiste la enmienda 61? Básicamente, se trata de cambiar la LOT para introducir una nueva figura, los Proyectos de Interés Público Superior (PIPS), que serían declarados directamente por el Gobierno a propuesta de Medio Ambiente; es decir, de Tapia. Los PIPS, según lo que se pretende aprobar, han de tener promoción pública y conllevar «mejoras ambientales» (cuya interpretación dará mucho que hablar). Lo determinante, en cualquier caso, no es la interpretación de lo que puede ser un PIPS, sino que su declaración conlleva la obligación inmediata de adaptar al nuevo proyecto tanto las herramientas de planificación territorial (Directrices de Ordenación del Territorio, Planes Territoriales Parciales y Sectoriales) como los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Todos ellos, toda la planificación, queda supeditada al nuevo proyecto, al «interés superior» declarado unilateralmente por el Gobierno. Es una patada en toda regla al precario equilibrio de la planificación del territorio en esta parte del país.

La enmienda 61, por la que se pretende cambiar la LOT para que proyectos singulares queden jerárquicamente por encima de la planificación territorial general y de las normas urbanísticas, supone no sólo una renuncia a la ordenación racional del territorio, sino que agrede directamente a la autonomía municipal, cuya planificación urbana no podrá cuestionar la ejecución de proyectos «superiores» acordados en Lakua. ¿Que el Gobierno ha decidido poner un vertedero, una exploración de gas, una depuradora comarcal o cualquier infraestructura que no esté contemplada o permitida en el plan urbanístico? Daría igual, la decisión del Gobierno estaría por encima del planeamiento municipal, que se tendría que modificar para adecuarlo a ese «interés superior».

No podemos dejar de subrayar que imponer proyectos singulares desde Lakua por encima de los planes generales de ordenación urbana supone una agresión flagrante a la autonomía municipal, agresión por otra parte consciente, ya que, en definitiva, el objeto último de la modificación no es otro que eliminar de un plumazo las posibles resistencias que pudieran originarse en los municipios afectados frente a proyectos de dudoso beneficio social o ambiental.

Unai Fernández de Betoño yMikel Otero son secretarios, respectivamente, de Planificación Territorial y Medio Ambiente y Energía