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El acuerdo alcanzado recientemente en materia laboral supone un hito sin apenas precedentes en nuestro país. Es un giro radical a la lógica de casi todas las anteriores reformas laborales, en las que subyacían, con mayor o menor intensidad, tres objetivos: la extensión de la ... precariedad en la contratación, sobre todo mediante el abuso de la temporalidad; el debilitamiento del poder contractual de la clase trabajadora a través del deterioro de la negociación colectiva y, por último, facilitar el proceso de externalización de riesgos y costes de las empresas. Nos referimos a las cadenas de subcontratación, a las ya citadas tasas de temporalidad, a la utilización del trabajo autónomo dependiente y, de manera más reciente, al uso perverso del potencial de la economía de plataforma.
Esta es una reforma de gran calado porque actúa sobre los elementos que han propiciado esta situación. Con particular intensidad se aborda el gran problema de nuestro mercado laboral: la temporalidad. El acuerdo recoge una profunda modificación de los contratos vigentes, con la eliminación del contrato de obra o servicio, que podía tener hasta cuatro años de duración, y su sustitución por un contrato de seis meses que debe tener claramente causalizada su condición de temporal; además, se desvincula la utilización de una contrata como causa para un contrato temporal y se promueve el contrato fijo-discontinuo como alternativa a esos contratos de temporada tan habituales. Además, la reforma acordada penaliza firmemente la contratación fraudulenta, encarece la de corta duración, fortalece la Inspección de Trabajo y, sobre todo, regula los ERTE y un nuevo mecanismo análogo como alternativa a los despidos. El conjunto de medidas acordadas va a tener un efecto muy positivo ante el triple reto de estabilizar la contratación, desincentivar el despido y disuadir del uso de la temporalidad.
La recuperación del poder de la clase trabajadora en la negociación colectiva es un aspecto determinante de este acuerdo. Recuperar la ultraactividad significa garantizar la permanencia indefinida del convenio colectivo cuando se está negociando. Hemos revertido una situación en la que se fomentaba la debilidad de la parte sindical en la negociación ante la posible pérdida de los contenidos del convenio si no se llegaba a un acuerdo.
Del mismo modo, eliminar la prioridad aplicativa del convenio de empresa es de máxima importancia. No habrá más convenios de empresa como los que han asolado sectores enteros y que, como en el caso de las empresas multiservicios, han sido utilizados para devaluar salarios y generar pobreza laboral. Además, unida a la eliminación de la preferencia aplicativa del convenio de empresa, la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sirve para garantizar la aplicación de convenios colectivos en todas las cadenas de subcontratación.
La reforma es netamente positiva porque sus contenidos lo son. Entonces, ¿por qué en Euskadi algunas fuerzas sindicales y políticas se posicionan tan radicalmente en contra de este acuerdo?
En el caso de las organizaciones sindicales es muy sencillo de explicar cuando se reniega del único instrumento que tenemos para incidir y modificar las políticas públicas, que no es otro que el diálogo social. Cualquier acuerdo que emane de ese ámbito, por muy positivo que sea, será rechazado y minusvalorado de manera radical, aunque luego se aprovechen de manera descarada de los derechos conseguidos. Y, en el caso de ELA, va mucho más allá: su modelo de negociación colectiva es el de la reforma laboral de Rajoy, que daba prioridad aplicativa a los convenios de empresa frente a los sectoriales, que garantizan las condiciones laborales de todas las personas trabajadoras de un sector. Esta afirmación está sustentada por hechos y datos. La acción sindical de esta organización se sustenta en la negociación de convenios de empresa (145 convenios de empresa sobre 12 convenios sectoriales en el último año) con el triste resultado de proteger, con el doble de representación, a casi 9.600 personas trabajadoras menos que CC OO de Euskadi.
En el caso de algunas fuerzas políticas, según nuestro análisis, creemos que su posición obedece a intereses electoralistas que pueden convertir su rechazo a la reforma, si avalaran con ello su no aprobación, en una irresponsabilidad de carácter histórico, comparable a la repetición electoral que habilitó el ascenso de la ultraderecha, con la que, por cierto, compartirían bancada opositora a la reforma.
En todo caso, deben ser conscientes de que, con su rechazo, refuerzan la estrategia de la confrontación inútil, mediática y sin resultados, frente a las organizaciones que defendemos el binomio movilización-negociación, con la consecución de acuerdos que logran la recuperación y generación de derechos para el conjunto de la clase trabajadora.
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