Ni fraude, ni terrorismo, solo un golpe fallido

Hace un año, los poderes tradicionales bolivianos decidieron que el proceso político liderado por Evo Morales debía finalizar, a pesar de que los cambios de los últimos tres lustros no cuestionaron su papel hegemónico en la vida económica del país; todo lo contrario, ya que el desarrollo económico del mismo durante dichos años fue histórico e incrementó exponencialmente sus beneficios, a la par que mejoraba la situación social de los sectores de población más pobres y olvidados. Pero consideraron una afrenta y una provocación inadmisible el aumento de la presión fiscal para la financiación de políticas redistributivas y sólo y nada más que por eso se llevó a cabo el golpe de estado difuso amparado por la OEA, EE UU y gran parte de las instituciones internacionales.

El Gobierno que surgió del mencionado golpe no fue capaz de estabilizar la situación política y social, ni de capitalizar el descontento de las clases medias, ni el de una parte de la base social del MAS. El país retrocedió política, económica, social y legalmente, convirtiéndose en un lugar imprevisible e inseguro, fomentado también por la catastrófica gestión de la pandemia de la Covid-19. La intervención de las principales empresas y proyectos del país, preparando su privatización; los controvertidos nombramientos al frente de empresas públicas nacionales; el saqueo de la empresa estatal de telecomunicaciones (Entel); la paralización de los programas de explotación e industrialización del litio en Uyuni; la liberalización de las exportaciones agrícolas, entre otros, son elementos que definen la crisis democrática que padece Bolivia.

Por si albergamos alguna duda, la nefasta gestión económica de este Gobierno, con 17 cambios de ministros en 10 meses y que ha llevado a más de un millón de bolivianos a la pobreza extrema, se ha visto acompañada por decenas de casos de corrupción que incluyen desde el nepotismo hasta la conocida compra de 179 respiradores, pasando por otros como la compra de gas lacrimógeno para la Policía, la tentativa de privatización de la compañía eléctrica regional de Cochabamba y, sobre todo, el último, el protagonizado por el actual ministro de Economía Branko Marinkovic, previamente,'beneficiado' hasta en cinco ocasiones de cesión de tierras estatales en Laguna Corazón.

El malestar de esta deriva saqueadora se ha plasmado también en la élite empresarial y en la derecha, muy fragmentada y disconforme con estas actuaciones. La difícil convivencia entre el fascismo ortodoxo, el fundamentalismo cristiano, la extrema derecha supremacista, o, entre otros, el social-liberalismo más predispuesto al juego democrático, han sido una rémora disgregadora que ha beneficiado al MAS, tal y como refleja el resultado electoral.

La amplia victoria de éste aleja el temor a la intervención de los protagonistas que dieron el golpe de Estado de 2019 y a la intromisión de la OEA, del Grupo de Lima o de EE UU, a la par que desmiente categóricamente el fraude que se utilizó como argumento para dar el mencionado golpe. Ahora, lo que más preocupa a los bolivianos es el día después. Así, Luis Arce y David Choquehuanca, futuros presidente y vicepresidente de Bolivia, tienen ante sí un difícil panorama por la situación en que se encuentra el país.

Recuperar la estabilidad económica y los buenos indicadores sociales, acercarse a la multiplicación por cuatro del PIB y al crecimiento de un 5% de la economía que consiguió en su anterior gestión, volver a reducir la pobreza y evitar el enfrentamiento social y el empobrecimiento de la población son objetivos difíciles de alcanzar, pero necesarios para asentar la convivencia y conseguir la reconciliación. Para ello cuenta con sus impresionantes recursos naturales: agua, gas, litio (70% de las reservas mundiales), minerales y petróleo, que bien administrados deben fomentar las políticas redistributivas en un contexto de crisis económica y asentar el Estado plurinacional.

Bolivia tiene la oportunidad de trascender el mito de Tupaj Katari e incluso de los gobiernos de Evo Morales. Arce debe intentar que los bolivianos participen del desarrollo económico y social del país y de sus propias vidas.