Fondos europeos y controles

El Congreso de los Diputados está tramitando el proyecto de ley más relevante de toda la legislatura («de medidas urgentes para la modernización de la Administración pública, y para la ejecución del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia»), pero la atención mediática está centrada en la 'batalla de Madrid'. Ese proyecto tiene por objeto diseñar el modo y la forma en que España va a gastar los 140.000 millones de euros que le corresponden de los denominados Fondos Next Generation de la Unión Europea. Esos fondos podrían cumplir su fin y llevar a cabo una profunda transformación de la economía (caracterizada por su baja productividad), pero también existe el riesgo de que se malgasten sin otro propósito que el rédito electoral. El Plan E desarrollado durante el segundo mandato del presidente Rodríguez Zapatero es un triste ejemplo de esto último.

En el momento presente, el Estado carece de la capacidad necesaria para gestionar esos recursos. De los fondos de cohesión de la UE para el periodo 2014-2020, España solo ha utilizado 15.000 millones (menos de un 40% de los asignados). Para evitar que ocurra lo mismo, la finalidad esencial del proyecto es facilitar que los fondos puedan gastarse más rápidamente. Y para ello se han suprimido ciertos controles. Ahora bien, de este modo no se garantiza que se vayan a gastar mejor y, lo que es también grave, se generan grandes peligros (como puso de manifiesto el Consejo de Estado en un informe que fue ocultado durante varias semanas). Baste recordar que ese mismo afán por distribuir con rapidez los fondos, disminuyendo los controles -jurídicos y económicos- previos, está en el origen de la trama corrupta de los ERE en Andalucía.

Es cierto que para la correcta gestión de los fondos conviene agilizar los procedimientos y reducir trámites burocráticos innecesarios, pero siempre que quede plenamente garantizado que el reparto se va a llevar siguiendo criterios objetivos y que se establezcan mecanismos de control para velar por ello. Es un sarcasmo denominar «modernización» de la Administración a reducir controles. La verdadera modernización requiere reforzar sus medios humanos y materiales, profesionalizarla y despolitizarla.

Tres son las preguntas esenciales que esta ley debería responder. Dos directamente y una tercera de modo indirecto. Primera: ¿quién va a repartir los fondos? Segunda: ¿con arreglo a qué criterios? La respuesta a estos dos interrogantes determinará la que se dé al último y principal de todos: ¿a quiénes se les van a dar esos fondos?

La primera pregunta tiene en la ley que se está debatiendo una solución tan clara y contundente como discutible: el Gobierno. Discutible con carácter general puesto que no es la mejor fórmula para evitar tentaciones clientelares, y porque se trata de una tarea absorbente que requerirá una dedicación plena y exclusiva. Con todo, la clave está en la segunda cuestión. ¿Con arreglo a qué criterios se van a distribuir los fondos? Sería preciso establecer una serie de indicadores objetivos, unos baremos de puntuación vinculados a datos medibles y cuantificables que impidieran la discrecionalidad en el reparto. Estos indicadores brillan por su ausencia; el proyecto contiene requisitos genéricos que en realidad permiten adjudicar casi libremente.

La ley en cuestión debería prever un riguroso proceso de planificación, de selección, de adjudicación de los proyectos con criterios técnicos. E incluir un efectivo sistema de controles para garantizar su respeto por parte del Gobierno.

Solo así se podrá responder a la tercera y crucial pregunta correctamente. ¿A quiénes se les asignarán los fondos? Un proceso de selección y adjudicación basado en criterios técnicos y objetivables vinculados a la finalidad de los fondos llevará a que estos se repartan de la forma que más convenga a la economía y a los españoles a medio y largo plazo. La falta de esos criterios, por el contrario, determinará que el Gobierno los reparta discrecionalmente como mejor le convenga para obtener más votos entre aquellas empresas con más capacidad de presión e influencia. Esto es lo que algunos denominan 'capitalismo de amiguetes' o 'capitalismo del BOE'. Por de pronto ya se ha anticipado -salomónicamente- y sin mayor explicación que se repartirán a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas. Así ciertamente todos quedarán contentos, pero los fondos no cumplirán en modo alguno su finalidad: la transformación de nuestro sistema económico y productivo.