Externalizar en la UE la crisis institucional propia

La UE nos proporciona un marco común a todos los europeos en el que muchos de los problemas que hoy tenemos planteados pueden ser tratados con mayor eficacia; aunque solo sea porque el ámbito en el que se plantean sobrepasa ampliamente el de cada uno de los Estados que la integran. Baste reseñar, por mencionar los más inmediatos, la cuestión energética, de máxima actualidad, que difícilmente puede tener solución en un marco estatal; o los problemas planteados por la crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia; o los relacionados con la crisis migratoria. Todos ellos, asuntos que desbordan los marcos estatales y que tienen un tratamiento más adecuado en el que proporciona la UE.

Pero hay otras cuestiones, como las relativas a nuestra crisis institucional, que no tienen su origen ni su raíz en la UE; y, aunque solo sea por esta razón, difícilmente van a tener en ella el ámbito más propicio para su tratamiento y resolución. Si hay un terreno en el que los problemas que se plantean son propia y exclusivamente de cada uno de los Estados, éste es de forma especial el de las relaciones institucionales en su seno. Es lo que ocurre en nuestro caso con los problemas derivados del bloqueo institucional enquistado que está impidiendo el normal funcionamiento de instancias claves; en especial, las relacionadas con la judicatura y el órgano de gobierno de ésta, el Consejo General del Poder Judicial.

Externalizar en la UE nuestra crisis institucional, trasladando los problemas propios a la Comisión y al Parlamento europeos, es una vía que no solo no conduce a ninguna parte sino que, además, contribuye a complicar más la situación. En el pleno parlamentario de Estrasburgo del 18 de enero se introdujo este tema bajo el llamativo epígrafe 'Proteger el Estado de Derecho contra la impunidad en España', que no deja de ser revelador de la peculiar forma de ejercer la oposición por parte de los grupos -PP, Vox- que forzaron este debate. Llama la atención, en todo caso, la desmesura de la fórmula empleada, requiriendo de la UE nada menos que la protección de nuestro Estado de Derecho frente a la impunidad.

Otra manifestación de las tentativas de externalización en las instancias europeas de nuestros propios problemas institucionales ha sido la carta dirigida esta misma semana por un grupo de vocales del CGPJ a la Comisión Europea, demandando la protección de la independencia judicial frente al ataque de que esta es objeto por las medidas que viene adoptando el Gobierno, así como por la legislación aprobada por el Parlamento. Se trata, según reconocen los propios firmantes de la carta, de una 'fórmula inusual', que no impide que sean los causantes de la crisis institucional del órgano de gobierno del Poder Judicial los que, al mismo tiempo, recurran a la Comisión Europea para que solucione el problema.

Recurrir a las instancias de la UE para tratar en ellas sobre asuntos propios de cada Estado es una forma de ejercer la oposición que, además de inútil, resulta más que discutible. Si en todos los países de la UE la oposición hiciese el mismo uso instrumental de las instituciones comunitarias, denunciando ante ellas al Gobierno y a la mayoría parlamentaria de su propio país con el fin de desgastarlas en las pugnas internas, la UE sería ingobernable. Y, lo que es más importante, vería desnaturalizadas por completo las funciones que tiene asignadas en sus Tratados constitutivos.

Ya hay bastantes problemas con el bloqueo institucional, que no se reduce a la renovación del CGPJ aunque este sea en el momento actual el más visible, como para que añadamos más externalizando en la Unión Europea su tratamiento. Hay que tener presente que la UE proporciona un marco muy útil para resolver muchos de los problemas comunes que tenemos hoy los europeos; pero nadie debe esperar que los derivados de las crisis institucionales en el seno de cada Estado sean solucionados por la UE. Y menos aún resulta admisible que se recurra a la utilización instrumental de las instancias europeas para conseguir una posición más ventajosa en el propio país.