Escocia y sus derechos históricos

Si bien la sentencia no considera viable un referéndum unilateral, reconoce abiertamente la subjetividad política de la nación escocesa y es previsible que se pueda abrir una negociación leal sobre los términos e implicaciones de un referéndum, asumiendo al tiempo el resultado del mismo. Para el caso británico, el proceso de devolución es uno de los momentos clave en la historia 'constitucional' de Gran Bretaña, según Wicks.

Estas consideraciones pueden inspirar la reflexión comparada con el caso de Escocia en la propia historia y, también, en el contexto actual. Si en el caso de Euskal Herria consideramos la perspectiva de una cláusula de reconocimiento de nuestros derechos históricos, el proceso seguido en Escocia se sustenta en el concepto de 'devolución' de poderes dentro de un contexto de reconocimiento del territorio como nación histórica con plena legitimidad política.

El Gobierno de Escocia ha liderado la 'National Conversation' que implicó un proceso de consulta permanente a la sociedad escocesa y desembocó en el referéndum del 18 de septiembre de 2014, con un maduro ejercicio de libre determinación pactada y democracia, ajeno a los habituales argumentos de una libre determinación sólo vinculada a las situaciones coloniales.

La firme y reiterada apuesta escocesa por la independencia dentro de la Unión Europea vuelve a necesitar de una mayoría suficiente a su pregunta sobre la separación de Reino Unido e implicaría una clara ruptura con el Tratado de la Unión entre Escocia e Inglaterra, en vigor desde 1707, pero sustancialmente alterado desde la salida de Gran Bretaña de la UE.

Desde este punto de vista, existe un eje principal en el proceso escocés asumido por Reino Unido: el mutuo reconocimiento de Escocia como nación sobre la base de su previa existencia como nación soberana hasta 1707. En la reciente sentencia se subrayan conceptos como negociación, pacto o tratado (1707) y referéndum, dentro de un contexto de cosoberanía siguiendo las tesis de profesores escoceses como Neil MacCormick o Michael Keating.

La propuesta del Gobierno de Edimburgo para justificar un segundo referéndum es relevante en cuatro planos:

a) El ejercicio democrático: al basarse en el derecho de libre determinación internacionalmente reconocido desde los Pactos de Derechos Civiles y Políticos de 1966;

b) Constitucional: dado que, aunque no existe una constitución británica escrita, el principio del mutuo reconocimiento como naciones se encuentra implícito en el Tratado de la Unión de 1707, unilateralmente modificado desde el Brexit;

c) Social: al tratarse de un proceso prolongado en el tiempo, dinámico y abierto a toda la sociedad escocesa;

d) Europeo: al reconocer la voluntad de permanencia de Escocia en la UE, de acuerdo con los tratados europeos vigentes.

Esta consideración es fundamental puesto que la independencia propuesta por el Gobierno de Escocia se basa en las mismas reglas y principios que la propia UE. Se trata de un proceso de recuperación de la soberanía de Escocia plenamente respetuoso con las reglas de la democracia y, en particular, de la Unión pactada con Inglaterra por el Tratado de 1707. De hecho, una de las características fundamentales en este contexto es la mutua aceptación del núcleo de sus constituciones 'no escritas': los derechos humanos y los principios democráticos.

Independientemente del resultado del referéndum en 2014 y del derivado de una nueva consulta, el caso de Escocia puede volver a resultar paradigmático en el plano político y jurídico comparado, con una apuesta abierta por las soluciones democráticas pactadas tan necesarias en muchos lugares del mundo. Ahora que regresa el Torneo de las Seis Naciones de rugby, la apuesta escocesa bien puede recordarnos uno de los históricos lemas de su equipo nacional: «Ganar a Francia es un honor y a Inglaterra, una obligación».