Equilibrio perverso

El sistema del 78, tan semejante al de otros países europeos, se basa en la necesidad de grandes apoyos para cuestiones básicas. Un modelo que impide decisiones sobre las estructuras del Estado adoptadas desde mayorías eventuales y que politicen hasta el extremo los espacios de poder que debieran actuar como árbitros de la diversidad social del país. Entre ellas están, desde luego, la Jefatura del Estado o el Poder Judicial.

Las fórmulas previstas por el legislador para mantener los equilibrios mediante fórmulas que aunaran las principales fuerzas del país siempre nos habían parecido insuficientes, aunque de difícil mejora, como también sucede en nuestros países vecinos. Lo que sí sabíamos los españoles, y había intentado evitar el acuerdo constituyente, es que que podría ser peor. Esa está siendo la elección del Gobierno de Sánchez para avanzar en esta compleja legislatura que él dirige.

La elección de un socio como Unidas Podemos anticipaba todo lo que estamos viendo en la sinuosa trayectoria gubernativa. La aproximación a fuerzas políticas que han actuado ilegalmente contra el marco político, como los independentistas catalanes, o la apelación a organizaciones carentes de ética democrática, como Bildu, hacen que la estabilidad de este Gobierno se base en fuerzas que aspiran a la desestabilización del Estado

Consecuentemente, la continuidad del Gobierno de Sánchez, la aprobación de sus Presupuestos y un respaldo parlamentario básico que justifique la actividad legislativa se asientan sobre socios que para satisfacer sus propósitos quieren ver cómo se altera la estabilidad de los cimientos del Estado, de cuya debilidad aspiran a alcanzar un rédito político y electoral.

Los apoyos del Gobierno se obtienen por la aceptación del PSOE de decisiones que van contra el modelo en vigor durante los últimos 40 años. Entre ellas están la negociación con los nacionalistas vascos de competencias que la Constitución declara como exclusivas del Estado y que mediante renuncias del Estado, encomiendas de gestión o decisiones incongruentes, como declarar que los puertos de Pasajes o Bilbao no son interés general, se acabarán dirigiendo por quienes la Constitución no tenía previsto. Esto queda en segundo plano cuando se legisla a la carta para que los sediciosos que atentaron contra el sistema político no se vean amenazados por la Justicia o que parte del Gobierno haya entrado en pugna abierta contra la Jefatura del Estado.

Pablo Iglesias homenajeó recientemente al Che Guevara diciendo que era «ejemplo para la historia de la liberación de los pueblos y la justicia social». «Un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro», arengaba el Che. Que el vicepresidente del Gobierno alabe impúdicamente a un hombre que hizo del odio su principal argumento político y del crimen su principal herramienta de acción nos sitúa en el momento en el que se encuentra la política española.

Esta era la ocasión para que la elección de los jueces del Consejo General del Poder judicial se hubieran escogido de entre los más cualificados y prestigiosos de entre todos ellos, tal como aspiraba a hacer la legislación en vigor. Podía haber sido la ocasión para que hubiera acuerdos transversales alejados de las cuotas de poder; pero, desgraciadamente, se anuncia que lo que va a aplicarse es una fórmula de manipulación del órgano de control de los jueces y que la independencia entre los poderes se somete al mandato del Gobierno, como ya ocurrió con la elección de la fiscal general del Estado.

El Gobierno de Sánchez se halla sobre un equilibrio perverso en el que la estabilidad del Gobierno depende de la inestabilidad del Estado. Cuantas más concesiones haya a favor de quienes quieren socavarlo, más respaldos alcanzará Sánchez. Si, por el contrario, el presidente opta por garantizar la estabilidad del sistema, su Gobierno será débil. Creo que todos intuimos cuál es la elección que ha tomado quien dirige la política española.