Encuentros en la segunda fase

En la tercera reunión de la mesa de diálogo, en junio en La Moncloa, se procedió a la transustanciación -como en la eucaristía cristiana- de la amnistía en «desjudicialización». A cambio, ERC se comprometió a aceptar el «ordenamiento democrático vigente» y renunciar a «acciones que saquen a la política de las reglas de juego democrático». La desjudicialización se concretó en la derogación del delito de sedición, reconvertido en «desórdenes públicos agravados», y la modificación del de malversación, mediante una reforma exprés del Código Penal. Como la Constitución de 1978 no permite la amnistía, el Ejecutivo español no podía ir más allá.

Estas medidas desataron una ofensiva de la derecha y la extrema derecha contra un Gobierno antipatriota que, con tal de permanecer en el poder, cedía en cuestiones esenciales para defender la unidad nacional frente a las recientes amenazas separatistas. Unas críticas no exentas de fundamento ya que la reforma se hace como un traje a medida para beneficiar a los condenados, fugados y acusados pendientes de juicio. Además, se gestó en el contexto de las negociaciones para aprobar los Presupuestos en los tres niveles del Estado: Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya y Gobierno de España, presididos por los tres partidos que participan en la mesa de diálogo y que se necesitan para sacar adelante sus cuentas en vísperas del ciclo electoral.

La salida de Junts del Gobierno catalán, en octubre de 2022, modificó la correlación de fuerzas. ERC se quedó sola con el precario apoyo de 33 diputados, muy lejos de la mayoría de 68. Para sacar adelante la legislatura debe apoyarse en los Comunes pero sobre todo en el PSC, sin cuyo concurso resulta imposible sumar mayorías en el Parlament.

El recurso del PP ante Constitucional para impedir la votación en el Senado de la reforma de la elección de sus magistrados, cuando ésta ya había sido aprobada en el Congreso, desencadenó un gran escándalo por la inédita intromisión del poder judicial en el legislativo. Esto dio al PSOE un balón de oxígeno pues trasladaba el centro de atención de la reforma del Código Penal al anómalo comportamiento del alto tribunal.

En el debate de política general de septiembre, Pere Aragonès indicó, las condiciones para iniciar la segunda fase de las negociaciones centrada en la autodeterminación. Planteó el Acuerdo de Claridad, inspirado en la ley canadiense que establece las estrictas condiciones para convocar un referéndum sobre la independencia de Quebec.

El 12 de diciembre, ERC concretó las condiciones del referéndum inspiradas en el precedente de Montenegro: censo con los mayores de 16 años residentes en Catalunya para responder a una pregunta clara. Si la participación fuera mayor del 50% y el voto a favor a la secesión superase el 55%, se iniciarían, con la mediación de la UE, las negociaciones entre ambos gobiernos para materializar la separación. En el mensaje navideño, Aragonès pronosticó que el nuevo año daría forma al acuerdo de claridad y volvería a abrir el camino hacia la autodeterminación de Catalunya.

La reacción de Sánchez no se hizo esperar. Una cosa es «desinflamar» el conflicto institucional y tender puentes en la fracturada sociedad catalana; otra bien distinta, desbordar el marco constitucional con un derecho que no figura en ninguna constitución democrática del mundo. Con las premuras del ciclo electoral en ciernes y aún caliente el desgaste por la sedición y la malversación, Sánchez tuvo que señalar la línea roja y asegurar que ese referéndum nunca se celebrará.

El Gobierno de España, sin traspasar las fronteras del orden constitucional, puede ofrecer un nuevo Estatut con las pertinentes reformas de leyes orgánicas y una solución a la financiación autonómica. En caso de alcanzar un acuerdo, éste sería sometido a referéndum. Ahora es difícil imaginar un punto intermedio entre el referéndum de autodeterminación de ERC y las reformas estatutarias y legislativas del PSOE. El apretado calendario electoral no permitirá grandes avances en esta delicada cuestión.