El empleo de la Euskadi que seremos

Porque la crisis pandémica no solo removió los cimientos de nuestra salud y de la economía. Provocó una respuesta inédita de Europa para atender lo urgente y afrontar sin más dilación una revolución que estaba en marcha con los retos demográficos, energéticos y digitales, que inciden en el empleo con una rapidez desconocida. Respaldo europeo sin precedentes para transformaciones radicales que afectan a todas las administraciones y muy específicamente a los servicios públicos de empleo.

Es así como hemos abordado desde el Departamento de Trabajo y Empleo un reto pendiente en nuestro autogobierno: ordenar las competencias que tenemos desde hace una década en las políticas activas de empleo. Un tiempo en el que han venido actuando los agentes institucionales y económicos, pero que necesitan una dirección y planificación para acertar en los objetivos que se persiguen.

Por eso, en el articulado conocido desde hace medio año no nos limitamos a dar forma legal a lo que ya existe, sino que tratamos de responder a las necesidades de trabajadores y empresas cuando lo necesitan, con herramientas flexibles. La nuestra es el servicio público Lanbide. Y no basta con mejorar Lanbide, necesitamos transformarlo y hacerlo distinto a como lo conocemos. No se trata de ofrecer lo que podemos con el actual modelo, sino de cambiar el modelo para ofrecer lo que la sociedad necesita.

Esta idea es la que está también recogida en la Ley de Empleo de España, que llega ahora al Senado después de que el Congreso la avalara por amplia mayoría, incluido el apoyo de 17 de los 18 diputados vascos, que se corresponde también con una amplia mayoría política del Parlamento vasco. Esa ley prevé que el actual SEPE se convierta en agencia pública, con estructuras dinámicas y ágiles, lo mismo que proponemos que nuestro Lanbide se convierta en una estructura administrativa más ágil, la de ente público de derecho privado. Este cambio permite, como nos pide Europa, la especialización de quienes trabajan allí, y eso se traduce en el día a día en que el servicio que reciban los usuarios, tanto empresas como personas, sea más eficiente.

La ley para el conjunto de España alude a la dimensión local de las políticas activas, como hacemos en la ley vasca. Pero aquí, en desarrollo de nuestras competencias, de nuestras características territoriales y nuestra dimensión, hemos dado un paso más: que esas instituciones locales tengan voz en la planificación de las políticas públicas y garantía de financiación. Que los ayuntamientos pasen de ser colaboradores a protagonistas. Ya contamos con ellos. Los planes locales de empleo, que llevamos adelante con los municipios, permitieron el pasado año la contratación de más de 3.000 personas en Euskadi. Y han sido nuestra antena para los planes innovadores, los dirigidos a esas personas que tenían más dificultades y que estamos incorporando con mayor vigor al empleo. Pasamos ahora de reconocer su contribución a propiciar por ley su participación.

Así, la Red Vasca del Empleo conectará a todas las instituciones con las necesidades de trabajadores y empresas en un modelo de gobernanza completo e integral. Si añadimos el desarrollo del derecho subjetivo, a la formación y activación laboral, nos va a permitir avanzar en el camino que propone Europa: la necesidad de nuevas políticas públicas de empleo, y el derecho de las personas a una atención individualizada para mejorar sus perspectivas de trabajo.

El Departamento de Trabajo y Empleo va a destinar este año más inversión que nunca -casi 300 millones de euros- a políticas activas dirigidas a personas con o sin empleo y a la atención de las necesidades de personal de las empresas; sobre todo, pequeñas y medianas. La Ley Vasca de Empleo es la oportunidad de utilizar todas las herramientas de nuestro autogobierno para que, además, consigamos la eficacia y colaboración plenas de todas las instituciones para prepararnos para la Euskadi que queremos ser: competitiva y cohesionada. Y es lo que esperamos compartir en el Parlamento en coherencia con el respaldo a la ley en España.