Milei, frente a la abuela siniestra

Un sábado de octubre, después de la ronda habitual de las Madres, una de ellas preguntó quiénes estaban buscando también algún nieto o quiénes tenían a su hija o su nuera embarazada desaparecida. En ese momento fueron doce las mujeres que se organizaron; el número fue creciendo con los años al evidenciarse que esas hijas y nueras nunca volverían, que sus bebés, si habían sobrevivido, estaban en manos de familias que los habrían adoptado ilegalmente. El trabajo de las Abuelas no se quedó en pesquisas e investigaciones ordinarias -visitas a orfelinatos, juzgados, chequeo de adopciones, búsqueda de testimonios-, también tuvieron la lucidez de crear un banco con sus perfiles genéticos. En 1987 el Congreso argentino creó por ley el Banco Nacional de Datos Genéticos a instancia de las Abuelas y, gracias a su colaboración con la genetista estadounidense Mary Claire King, crearon el denominado «índice de abuelidad» para así poder identificar, en ausencia de los padres, a quienes pudieran haber sido apropiados de esta manera tan siniestra y cruel. Otro hito para la Justicia argentina e internacional fue la inclusión en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de un nuevo derecho: el derecho a la identidad.

Las Abuelas dejaron así el camino trazado para que sus nietos tuvieran derecho a su verdadera identidad más allá de la vida de ellas. Esos nietos, nacidos en circunstancias terribles entre 1976 y 1983, ahora también tienen hijos e hijas, herederos a través de la memoria intergeneracional, del trauma que sufrieron sus predecesores, pero también de su lucha y su dignidad por establecer la verdad.

Ahora, la vicepresidenta del Gobierno, Victoria Villarruel -hija, sobrina y nieta de militares-, habla de Estela Barnes de Carlotto como «personaje siniestro», amenaza con revisar las políticas de memoria, verdad y derechos humanos y rescata la falsa «teoría de los dos demonios» según la cual en Argentina hubo una guerra; junto a Milei niega la existencia de los 30.000 desaparecidos -un número que tiene un valor tanto real como simbólico y cuya negación es toda un posicionamiento frente a la dictadura y sus víctimas-, aplaude las políticas represivas y criminaliza la protesta con un lenguaje cargado de ecos turbadores. En el megaproyecto de ley enviado al Congreso de la Nación aparecen sombras de un pasado que quienes lo vivieron no pueden más que reconocer.

Hay una expresión en estos documentos -«obediencia debida»- que a mí me resulta más que perturbadora. Esta figura legal no es nueva, tiene una historia cargada de trascendencia y, como la cifra de los 30.000 desaparecidos, manifiesta un doble valor simbólico y real. La Ley de Obediencia Debida se promulgó en Argentina en 1987, después de los juicios de 1985 a las juntas militares en los que se condenó a cinco de los nueve enjuiciados. La ley eximía de culpabilidad a los responsables de cualquier delito cometido durante la dictadura si su grado militar estaba por debajo de coronel, con lo cual se dejaba en libertad a miles de torturadores y cómplices de crímenes de lesa humanidad. Entre los beneficiados se encontraban personajes realmente aterradores, como Alfredo Astiz, el 'ángel rubio' o el 'ángel de la muerte', uno de los más infames torturadores y asesinos de la Armada.

Tras interminables recursos y protestas, en 2003 se consiguió derogar esta ley junto a la de Punto Final, lo cual reactivó la investigación y enjuiciamiento de miles de colaboradores del régimen que habían cometido no solo crímenes de lesa humanidad -torturas, secuestros, desapariciones forzadas, robo de bebés-, sino que también se habían beneficiado de la apropiación ilegal de bienes y propiedades. Entre los encausados estaba el 'ángel rubio', que cumple hoy cadena perpetua. Por todo ello reactivar el concepto de «obediencia debida» dentro de la propuesta de reestructuración del Estado en el apartado de la actuación de las Fuerzas Armadas es, cuando menos, turbador.

Ha costado décadas crear los mecanismos legales que han garantizado un mínimo de justicia y mantener el trabajo de memoria y derechos humanos activo. Aun así, todavía queda mucho por hacer, como la restitución de la identidad de nietos y nietas apropiados. Los que fueron restituidos serán los garantes de la lucha de sus abuelas, de la memoria de sus padres y madres desaparecidos. También serán, junto a las víctimas supervivientes y otros familiares, junto a la ciudadanía comprometida con la justicia y los derechos humanos, quienes tendrán por delante una batalla no ya contra el olvido, que a veces es inevitable, sino contra la mentira.

Tzventan Todorov señalaba que aunque el pasado «puede alimentar nuestros principios de acción en el presente, no por ello nos ofrece el sentido de este presente». La Argentina de hoy no es la que fue hace 50 años, entre otras cosas porque no hay una izquierda armada que se enfrente al Estado. Pero eso no significa que no debamos atender a ese pasado y escuchar sus ecos. ¿No lo hacen acaso Milei y su entorno? Lo deberíamos hacer, como sugiere Todorov, para alimentar nuestros principios de acción, para entender el significado político de la memoria, de la solidaridad y la búsqueda de justicia que emprendieron asociaciones como Abuelas, y también entender el horror de la violencia totalitaria que asoló Argentina durante la última dictadura.

Recordar es encontrar principios de acción sólidos capaces de desarmar la mentira sobre la que se pretende orquestar la destrucción del Estado de Derecho y la construcción de otro que no augura nada bueno.]