Cárcel dentro de cárcel

Gracias a un documental titulado 'La prisión de la que nadie escapó', de Maite Ibáñez, quien dirige la serie 'Memoria/ Eraikiz' (emitida en EiTB y disponible en abierto en su página web), he descubierto una realidad que apenas conocía, como intuyo que será el caso para buena parte de la sociedad vasca y española: la de los funcionarios y funcionarias de prisiones, particularmente quienes trabajaron en cárceles vascas durante los años en los que ETA estuvo activa.

El documental se centra fundamentalmente en una serie de entrevistas a personas de este colectivo y además cuenta con los testimonios de Manuela Carmena (jueza de Vigilancia Penitenciaria, 1989-1993), Mercedes Gallizo (directora general de Instituciones Penitenciarias 2004-2011), Jaime Tapia (juez y asesor penitenciario del Gobierno vasco 2021-2024) y José Ramón Intxaurbe (investigador del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto). Los testimonios de los expertos contextualizan las palabras de Benito Aguirre, Eva Amman, Yolanda Sancho, Pablo Martínez, José Miguel Monreal y una funcionaria que decide no dar su nombre y cuyo rostro se oculta en las sombras, todos trabajadores en centros penitenciarios de Álava, Gipuzkoa o Bizkaia. A ellos se suma José María García García, doctor en Psicología y exfuncionario de prisiones, el único que no trabajó en una cárcel vasca, sino en el Centro Penitenciario Sevilla I y cuyo libro -'Condenados: La prisión de la que nadie escapó'- da título al documental.

Cabe pensar que cuando escribo aquí «funcionario de prisión» alguien imagine inmediatamente a un «carcelero», un tipo desagradable, violento, que maltrata a un preso, o lo somete a un cacheo humillante, o que se pasea haciendo sonar su porra contra los barrotes de una celda con expresión de sádico. Cuando señalaba que necesitamos ampliar nuestro conocimiento e imaginación me refiero precisamente a esto: el estereotipo nos impide ver la complejidad inherente a toda realidad. Este documental es una buena vacuna contra la ignorancia del cliché. Un ejemplo: Benito Aguirre nos cuenta, con la voz algo quebrada, que quiso ser profesor de EGB en la cárcel, hacer un servicio público, intervenir en lo que él consideraba un mundo sórdido, donde había mucho sufrimiento; que sus herramientas eran el diálogo y la empatía; su arma, el bolígrafo.

En el contexto del terrorismo de persecución del que él es víctima, no pasa desapercibido que se refiere a los presos como «colectivo vulnerable». Al adjudicar el estigma de «carcelero» al funcionariado de prisiones, ETA y su entorno negaron la humanidad de personas como Benito, las convirtieron en «enemigos del pueblo» y, por tanto, en objetivos a matar, a pesar de que no tenían responsabilidad alguna ni poder de decisión en las políticas penitenciarias del Gobierno y de que muchos de ellos eran profesionales de la salud mental, educadores o trabajadores sociales, no «fuerzas represivas» según el vocabulario etarra (y, aunque lo fueran, eso no justificaría su asesinato, por supuesto). Este estigma fue creciendo, sobre todo a partir de las políticas de dispersión que sometían a las personas presas y a sus familias a un sufrimiento innegable.

Dentro del funcionariado vasco de prisiones había tres perfiles: quienes vivían una vida normalizada dentro del entorno social vasco, quienes provenían principalmente de Cantabria o Asturias y dormían dentro de la prisión los días laborables y quienes vivían con sus familias dentro de la prisión permanentemente. El objetivo más fácil de matar era, evidentemente, el primero: personas como Pablo, Eva, Yolanda... que vivían en un entorno social en el que, como dice Benito, había «una minoría que te quería matar, otra minoría que en momentos puntuales te apoyaba y una mayoría absoluta de indiferentes, los que decían 'esto no va conmigo'».

Todos los testimonios coinciden: sus nombres aparecieron en listas de objetivos o recibieron llamadas amenazantes -Yolanda: «Comando Araba. Puta, te vamos a matar»-; ocultaron su profesión, incluso algunos la ocultaron a sus propios hijos; guardaron silencio, se invisibilizaron; la mayoría no contó en casa que estaban amenazados y aun así se sienten culpables por el posible sufrimiento que ocasionaron a sus seres queridos; se desvincularon o los desvincularon de cuadrillas y amistades fuera del centro penitenciario; tomaron cursos de autoprotección, eliminaron las rutinas de sus vidas, se acostumbraron a revisar los bajos de los coches antes de encender el motor; sintieron miedo. La mujer que se oculta en las sombras todavía lo siente, no quiere que la revictimicen, sigue escondiendo su pasado.

Lloraron la muerte violenta de varios compañeros, como la de Máximo Casado, funcionario en Nanclares de la Oca, asesinado con un coche bomba en 2000. Un joven vecino de él, miembro de la 'kale borroka', lo había reconocido y dio el chivatazo. También recuerdan a Francisco Javier Elósegui, psicólogo en la cárcel de Martutene, asesinado en 1997, mientras José Antonio Ortega Lara estaba todavía secuestrado. Tampoco olvidan el día de su liberación. Cómo olvidar aquel zulo infecto, su rostro emaciado, sus ojos perdidos cuando por fin fue liberado. Y el titular cruel del periódico 'Egin' al día siguiente: «Ortega Lara vuelve a la cárcel».

Este documental nos otorga un hilo más -uno de tantos- con el que entretejer nuestro pasado complejo y difícil, nos cuenta una historia de dolor que se trenza con otras, muchas todavía por contar. Dejo la última a Pablo Martínez: «Que quede el relato de todos los sufrimientos, y el nuestro fue un sufrimiento importante, y que la única manera de construir convivencia es escuchándonos, conociendo lo que para cada uno ha supuesto esta historia. Yo creo en un futuro de convivencia y de paz».