Clientelismo versus bien común

Los partidos han pagado un precio por ello: la izquierda perdió el poder por corrupción y abuso de poder en las elecciones de 1995 y la derecha también perdió el control del Gobierno por corrupción y abuso de poder en 2018.

En el período preelectoral/ electoral los partidos se movilizan y confrontan para conservar y/ o ampliar sus cotas de poder. En esta confrontación sistemáticamente está ausente el abordaje de problemas reales. En su lugar, la práctica común es focalizar los debates en problemas inventados a efectos electoralistas recurriendo a afirmaciones efectistas que deriven hacia un debate puramente pasional y vacío de contenido. No se pretende construir un proyecto de sociedad, sino movilizar ideologías confrontadas para ganar la batalla por el poder .

Como punto de partida es necesario subrayar que los partidos políticos son actores imprescindibles para conseguir un mínimo de equilibrio en el ejercicio del poder en el conjunto de actores que constituyen la sociedad. Bajo ningún concepto este análisis pretende denigrar ni su papel en la sociedad ni el conjunto de su actuación. Solo pretende ilustrar respecto a unas evidentes áreas de mejora, cuyo abordaje con transparencia redundaría en gran beneficio tanto para el conjunto de la sociedad como para el reconocimiento social de los partidos.

Para abrir el debate, ponemos el foco en una de las primeras acciones preelectorales notorias que coincide que está promovida por grupos de la denominada izquierda. Pero quede claro que el aprendizaje que se pretende ilustrar con este análisis es válido para todos los partidos relevantes y en cualquier situación preelectoral. La búsqueda de la justicia social y la protección de los más desfavorecidos es patrimonio de toda la sociedad y bajo ningún concepto pueden apropiarse de él un partido o unas siglas.

Las actuales movilizaciones se focalizan en el ataque a la gran empresa, personalizándose en el empresario, las compañías de distribución, las energéticas y la banca por el coste público de su rescate en la crisis finaciera de 2008. El ataque al empresario es puramente demagógico y trasnochado. Su fijación como objetivo obedece más a la búsqueda de un chivo expiatorio fácilmente demonizable. El empresario es el motor de la economía que crea empleo y paga impuestos. Con nuestro desarrollo institucional debería ser imposible que en nuestra sociedad se reproduzca el modelo de los 'barones ladrones' ('robber barons') de Estados Unidos a finales del siglo XIX.

Para impedir estos abusos, la autoridad tributaria o fiscal se convirtió en uno de los principales poderes del Gobierno de EE UU. Además en 1890 se promulgó la Sherman Act, primera ley antimonopolio en el país que yuguló de raíz las prácticas monopolistas y por lo tanto la actuación de los 'barones ladrones'.

En lo que respecta a España, se ha seguido el mismo modelo. En primer lugar, existe un Ministerio de Hacienda que debe funcionar con eficacia y conseguir que tributen plenamente los beneficios de las empresas y de todos los perceptores de rentas. En segundo lugar, se han creado una serie de organismos reguladores agrupados bajo el paraguas de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que deberían supervisar todos los sectores de actividad (mercado de valores, competencia, energía, telecomunicaciones, medio ambiente...) para velar por el correcto funcionamiento de la libre competencia, proteger a los consumidores y evitar que se abuse de ellos.

Con este nivel de institucionalización el ataque a actores económico-sociales concretos, tales como empresarios, empresas de distribución, energéticas o banca no es procedente pues existe el correspondiente ministerio u organismo regulador (Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de la Energía, Banco de España...) responsable de que no se produzcan abusos de élites en perjuicio de los ciudadanos.

Pero la realidad es que en ese entramado institucional las personas directivas no se han seleccionado según su competencia y mérito, sino por criterios clientelares. Con ello, el sistema resultante no es inclusivo sino extractivo. El resultado inevitable es que las élites salen beneficiadas en detrimento del resto de la sociedad.