Memoria y coherencia

Hace unas semanas varios colectivos de presos de ETA anunciaban un cambio de estrategia comunicativa a la luz del final efectivo de la dispersión de estos presos, que no es sino consecuencia de la estricta aplicación de la ley penitenciaria, toda vez que la política antiterrorista que se les vino aplicando dejó hace tiempo de tener sentido y vigencia. Su nueva fórmula reivindicativa, «etxera», defiende que, una vez acercados a cárceles próximas a sus lugares de procedencia, se aborde ahora sin pudor alguno su directa excarcelación. Un enfoque que pasa por alto los principios más elementales de todo Estado de Derecho, por no decir que hace apología de la impunidad y da al traste con las políticas de justicia y reparación a las que todas las víctimas tienen derecho universal.

En efecto, asistimos a planteamientos hirientes para las víctimas del terrorismo, y creo honestamente que la sociedad vasca haría mal en pasar por alto este tipo de iniciativas con sello radical abertzale. Por tentador que resulte, debemos espantar la creencia de que una vez derrotada ETA ya no existen riesgos reales para la convivencia. Por el contrario, pienso que vivimos un momento crucial en la construcción de una memoria que devuelva dignidad a las víctimas y que esté fundamentada en los hechos tal y como sucedieron.

Creo también que la cultura está realizando en forma de novelas, contenidos audiovisuales y música una interesante contribución a la causa y sensibilidad hacia las víctimas. Este tributo tiene una gran relevancia, pues son en muchos casos productos de consumo mayoritario y transversal, y tienen la virtud de hacer llegar al conjunto de la ciudadanía la vivencia de las víctimas con todos los matices y contradicciones que en ocasiones la política no es capaz de recoger.

Pero la memoria también exige coherencia. Siempre me he rebelado ante esa mirada selectiva tan frecuente en Euskadi que se ha aplicado a las vulneraciones de derechos humanos. Lamentablemente hay sectores de nuestra sociedad que, ataviados de visibles anteojeras, sólo han sabido mirar la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el propio. Ciudadanos y organizaciones que ante una vulneración flagrante del derecho a la vida sólo sabían reaccionar echando balones fuera o alegando que existen otras vulneraciones que no se denuncian. Es un discurso de sobra conocido.

Por eso, siempre que ha regresado a la actualidad algún caso vinculado a los GAL o relacionado con abusos policiales, jamás hemos mirado a otro lado. La razón es bien sencilla: los derechos humanos no pueden compartimentarse, son universales por definición, y con la misma contundencia que denunciamos el calvario terrorista al que nos sometió ETA durante cinco décadas, los socialistas vascos denunciamos la existencia de estos grupos parapoliciales que se tomaron la justicia por su mano, al tiempo que asumimos la exigencia de esclarecimiento de los casos que están pendientes de resolver, con arreglo a los procedimientos judiciales. Algo fundamental para demasiadas familias que llevan mucho tiempo esperando una respuesta.

Sinceramente pienso que Euskadi debe poder institucionalizar una memoria coherente, compartida y no selectiva, que hunda sus raíces en fundamentos éticos que cierren de una vez las rendijas y subterfugios por los que se han desaguado tantas responsabilidades. Por eso, y porque el trauma vivido ha condicionado nuestra trayectoria de forma irremediable, considero que en el futuro tendríamos que ser capaces de incorporar la memoria de todas las víctimas del terrorismo y la violencia a los rudimentos mismos del autogobierno vasco. Un futuro Estatuto de Autonomía renovado debería estar presidido por una declaración que a modo de cimiento moral estableciese con nitidez el inmenso daño infligido por la violencia, así como nuestro compromiso colectivo de acompañar a todas y cada una de las víctimas para que nunca más caminen solas.