Decreto anticrisis: Derecho y política

Hay que partir del artículo 86 de la Constitución, el cual establece que el Gobierno «podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad», que adoptan la denominación de «reales» decretos-leyes al ser expedidos por el Rey. El poder de dictar leyes del Estado radica en las Cortes Generales (a través de sus dos Cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado) y los decretos-leyes del Gobierno constituyen una excepción, debida a esas circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad.

Ese artículo también determina que, en el plazo de los treinta días siguientes, los decretos-leyes deberán ser sometidos al Congreso de los Diputados para su debate y votación de totalidad (la convalidación), como un todo sin posibilidad de cambios ni enmiendas; y en ese mismo plazo, el Congreso puede acordar además que las Cortes Generales tramiten el texto del decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El decreto-ley, una vez aprobado por el Gobierno, comienza a regir, con fuerza de ley, desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pero la convalidación por el Congreso no convierte al decreto-ley en ley de las Cortes Generales, sino que se limita a permitir que continúe rigiendo, como tal decreto-ley, más allá de esos treinta días, por el tiempo de vigencia que haya dispuesto el propio decreto-ley. Si no se convalida, decae en su vigencia y solo habrá regido unas pocas semanas.

La primera reflexión se refiere a que, en este caso, ha habido algunos grupos políticos que, a pesar de ser considerados pertenecientes al denominado 'grupo de la investidura', han votado en contra del decreto-ley, justificándolo en la pérdida de su confianza en el Gobierno por el espionaje a varios líderes independentistas. Otros grupos políticos, también del mismo círculo, aun criticando dicho espionaje, han votado a favor del decreto-ley por la utilidad de su contenido para la ciudadanía (por ejemplo, los conocidos céntimos rebajados en el precio del carburante). Aun así, se ha llegado a convalidar, aunque con una mayoría exigua de 176 síes frente a 172 noes.

Obviamente, cada grupo político puede votar libremente lo que desee. Pero cuando se trata de la aprobación de alguna iniciativa del Gobierno, el voto favorable puede obedecer o bien a expresar la confianza en el Ejecutivo por encima de todo o bien a expresar conformidad con el contenido de la iniciativa. Si el grupo político considera que el contenido de la iniciativa es merecedor de su aprobación y, a pesar de ello, vota en contra para manifestar su falta de confianza en el Gobierno, estará primando el interés del grupo político en una posición institucional respecto al Gobierno sobre el interés de la ciudadanía expresado en el contenido de la iniciativa. Aunque debe ser justamente al revés.

La segunda reflexión se refiere a que, además de la convalidación, pero independientemente de ella, el Congreso puede acordar, si lo desea, que las Cortes Generales tramiten el texto del decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (como cualquier otra ley, con enmiendas y debates políticos). El resultado final será una genuina ley de las Cortes Generales, que sustituirá y derogará al decreto-ley del que proviene.

El PP propuso, para votar favorablemente al decreto-ley, que el Congreso acordase su tramitación como proyecto de ley y el Gobierno lo aceptó, aunque finalmente los populares votaron en contra por su falta de acuerdo en otros extremos. Sin embargo, la práctica totalidad del Congreso aprobó dicha tramitación (342 síes frente a 2 noes), lo que revela una clara voluntad de intervenir en el proyecto de ley.

En mi opinión, esa posible tramitación como proyecto de ley no debería ser un elemento de negociación política, sino un acuerdo a adoptar en cualquier decreto-ley, porque así se fomenta la participación política (con enmiendas y debates) proclamada en el artículo 9-2 de la Constitución. Máxime cuando la oposición acusa al Gobierno de hacer un uso abusivo del decreto-ley.