La gangrena ecuatoriana

La victoria de Daniel Noboa en las pasadas elecciones presidenciales y su llegada al poder en noviembre con la promesa de responder a los grupos criminales que campan a sus anchas en el país no ha tenido efecto alguno en quienes quieren demostrar que la nación ecuatoriana es suya. Así lo manifiestan la huida de la cárcel regional de Guayaquil del líder de Los Choneros, Adolfo Macías, 'Fito', condenado a 34 años por asesinato y narcotráfico; los incidentes en seis prisiones con decenas de rehenes del personal de las mismas, la huida de 39 reclusos de la cárcel Riobamba, el asalto del canal de televisión TC durante una retransmisión en directo y, finalmente, las acciones violentas en universidades como las de Guayaquil y las Artes.

El espectro criminal se expande por toda la sociedad ecuatoriana. La declaración del estado de emergencia el pasado lunes por parte del presidente Noboa durante 60 días pretende poner freno a este desbarajuste. Ya lo hizo anteriormente y de forma reiterada su predecesor en el cargo, Guillermo Lasso, con escasos resultados. El decreto, publicado el martes por la tarde, identifica 22 grupos criminales, reconoce la existencia de un «conflicto armado interno» y habilita a las Fuerzas Armadas para «neutralizar» a estas bandas de delincuentes.

El Ecuador actual contrasta con aquel que presidió Rafael Correa en el decenio 2007-2017, cuyos logros en infraestructuras, educación y otros campos transformaron el país gracias a la producción y venta de petróleo y a los ingresos fiscales. La nueva cara y la transformación del país fue real, pero se enfrentaba con retos enormes como el excesivo gasto público, el creciente déficit fiscal, la ausencia de un fuerte aparato productivo local, los problemas de competitividad, la falta de confianza del sector privado, el enfrentamiento con EE UU, la moratoria de deuda de 2008 que le llevó a buscar el apoyo chino, etc. Desde entonces, y también por sus políticas, la nación andina ha caído en picado y se ha convertido en la más sangrienta y violenta de Latinoamérica. La crisis de inseguridad se acarrea desde hace casi tres años. El pasado ejercicio la tasa de muertes violentas fue superior a las 40 por cada 100.000 habitantes. Recordemos como los más significativos los asesinatos del candidato presidencial Fernando Villavicencio y del alcalde de Manta, Agustín Intriago.

Masacres en las cárceles, noches de terror como la de la ciudad de Esmeraldas el pasado 29 de diciembre, ataques a representantes públicos, etc. se suman a la crisis económica que soportó el país durante la presidencia del conservador Guillermo Lasso -agosto de 2021 a noviembre de 2023- y los vínculos mafiosos de militares y policías en lo que se denominó el 'caso de los narcogenerales'. El narcotráfico empapa toda la estructura del Estado, desde sectores ciudadanos diversos a sus instituciones y a la propia Administración, y se suma a la corrupción, al lavado de activos y al tráfico de armas y de hidrocarburos.

La pandemia del covid-19 facilitó la conexión entre las organizaciones criminales y asentó el dominio territorial por parte de estas, cambiando profundamente el paisaje delictivo y las luchas entre bandas por controlar el tráfico de armas y drogas en las ciudades portuarias. Situado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, Ecuador se ha transformado en los últimos años en un centro logístico de primer orden para la exportación de droga. Ello genera enfrentamientos y muertes. Pero, para que esto ocurra, previamente se han implicado en dichos grupos jueces, fiscales y policías, tal y como demuestra el 'caso Metástasis': 29 personas detenidas; entre ellas el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el exjuez penal Ronald Guerrero y el general de Policía retirado Pablo Ramírez.

'Metástasis' radiografía con claridad los que señalábamos anteriormente: que las redes del narcotráfico se han apropiado de las instituciones del Estado. La política de mano dura que prometió Noboa al llegar al poder debe materializarse todavía. Por ahora, plantea crear dos megacárceles al estilo salvadoreño de Nayib Bukele, una reforma carcelaria y aplicar el decreto que habilita el estado de excepción, el endurecimiento de penas para delitos de narcotráfico, homicidios y terrorismo y el despliegue militar y policial por las calles ecuatorianas.